La violencia de las pandillas en El Salvador ha vuelto a concentrar la atención de las autoridades que buscan lanzar una nueva ofensiva contra el flagelo con la asistencia técnica de Estados Unidos, pero organismos humanitarios insisten en la prevención en lugar de la represión.
La preocupación por el tema quedó de manifiesto esta semana a nivel local con la llegada el lunes del secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto González, y con una reunión que celebran en Los Angeles (California) desde el miércoles y por tres días los directores de policía de Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice para elaborar propuestas que serán analizadas en una futura reunión en abril próximo en San Salvador.
González y el presidente salvadoreño Elías Antonio Saca acordaron el lunes endurecer la política conjunta identificando y persiguiendo a los miembros más peligrosos de pandillas «transnacionales» como la Mara Salvatrucha y la Mara 18, no solo en El Salvador y Estados Unidos, sino en Guatemala, Honduras y México.
Fue el ministro salvadoreño de Seguridad Pública, René Figueroa, quien aseguró que el nuevo accionar conjunto contra las pandillas «es una ofensiva organizada, es una ofensiva articulada a nivel regional».
Pero organismos humanitarios priorizan la prevención sobre la represión.
«Se está sobredimensionando el problema de las pandillas en este país y en el análisis de la violencia no se pueden ignorar los hechos provocados por el crimen organizado, narcotráfico y trata de personas», declaró a la AFP el director de asuntos penales de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Nelson Flores.
Flores destacó que «es preocupante» que insistan las autoridades en aplicar sistemas represivos, cuando el tiempo les demuestra que «es la prevención el camino para afrontar a las pandillas».
Por su parte, la directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, María Julia Hernández, aseguró que «lo típico de la ayuda de Estados Unidos es siempre proponer represión, lo cual es grave ante el complejo problema de pandillas».
«No hay peor cosa que desconocer que las políticas de mano dura ya fracasaron por lo tanto es conveniente impulsar un plan de prevención programada a largo plazo para que los jóvenes no entren a pandillas y los que están en esos grupos se rehabiliten», subrayó Hernández.
Tanto la Oficina Federal de Investigación como el Departamento de Estado estadounidense ayudarán a la Policía Civil salvadoreña (PNC) a crear una Unidad Transnacional Antipandillas (UTA) que se encargará de perseguir y procesar a los integrantes de las mismas.
Como parte de esta política represiva, el FBI acelerará la puesta en marcha de la creación de un banco de datos centroamericano de huellas dactilares.
Según proyecciones de los servicios policiales de Centroamérica más de 200.000 jóvenes marginados, muchos de ellos deportados de ciudades estadounidenses, integran las pandillas, entre las que destacan en las temidas Mara Salvatrucha y Mara 18.