En los primeros ocho meses del año han muerto violentamente 40 menores de edad dentro de sus establecimientos educativos y en sus alrededores, lo cual genera un impacto negativo en el ejercicio de su derecho a la organización y libertad de expresión, según defensores de Derechos Humanos.

Información de la Policí­a Nacional Civil da cuenta que de los 40 decesos, 28 ocurrieron en la capital y el resto en los departamentos de Escuintla, Petén, San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango.

Los datos no especifican detalles sobre cómo sucedieron los hechos. Empero, comúnmente, en la escena del crimen se manejan versiones que, lejos de explicar responsablemente la situación, únicamente estigmatizan y criminalizan a los jóvenes que son violentados.

A criterio de Carlos Torres, presidente de la Organización Nacional de Estudiantes de Guatemala (ONEG), la carencia de información detallada que especifique las circunstancias de estas muertes, únicamente refuerza estereotipos negativos que se tienen sobre el estudiantado, particularmente de establecimientos públicos.

«Se deben desmentir los rumores y estereotipos que se tienen sobre nosotros, porque cuando se explica por qué matan a un estudiante, lo primero que dicen es que estaba involucrado en pandillas, por borracho o por problemas de amor», reclamó.

El dirigente estudiantil manifestó que los alumnos son victimizados por grupos delincuenciales. «Piden el famoso impuesto en las escuelas y como no se cumple con ello, los asesinan y luego afirman que fue por problemas de noviazgo y no es así­», recalcó.

Criminalización indiscriminada

Erick Asencio, de la Coordinadora Juventud por Guatemala, considera que los argumentos que estigmatizan generalmente conllevan a que las autoridades hagan una búsqueda de tatuajes, a la rivalidad entre pandillas, la forma del vestuario, o la pertenencia a un establecimiento público determinado.

Asencio refiere que emitir tales aseveraciones únicamente descalifica la investigación que, «luego queda en el olvido, porque como dijeron que eran delincuentes o pandilleros no investigan nada. La criminalización indiscriminada se ha estado generalizando, si te pasa algo es porque estabas metido en algo», recalcó.

Para íbner Paredes, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), cualquier hecho de violencia que se genere contra los jóvenes es alarmante, «así­ sea uno o 50 quienes han sido asesinados. Independientemente del sector al que pertenezcan, es trágico en la medida en que se viola cotidianamente el derecho a la vida».

Paredes afirmó que los asesinatos y violaciones a los derechos de los muchachos, generan temor en la juventud, lo cual puede limitar otros. «Particularmente la expresión y participación, que constituyen derechos esenciales», indicó.

Organización reprimida

El movimiento estudiantil constituye históricamente y polí­ticamente una importancia para las luchas por el derecho a la Educación, debido a su actuar participativo y contestatario.

Empero, luego de haber sido golpeado fuertemente durante el conflicto armado interno, perdió gran credibilidad, por lo que en la actualidad estas formas de expresión y organización de las y los jóvenes, habitualmente son criticados por su actuar «vandálico y delincuencial».

Lo deplorable es que los adolescentes no son violentados únicamente por personas «ajenas» a las instituciones que los deben instruir, ya que en muchas ocasiones desde esos lugares son amenazados e intimidados por su participación activa en la defensa de sus derechos.

«Es exactamente en esta lí­nea que se dan otras intimidaciones, porque el movimiento ha denunciado irregularidades en los centros educativos, que al Estado no le conviene que se conozcan», aseveró Paredes.

Otro miembro de la ONEG, que prefirió el anonimato, por temor a represalias, contó que en el Instituto Rafal Aqueche, debido a la reciente protesta donde exigieron la gratuidad y calidad educativa, los adolescentes recibieron amenazas e intimidaciones sicológicas.

«Los mismos maestros, incluso la directora los ha amenazado para que no se involucren en ningún tipo de organización. El miércoles, por ejemplo, se levantó acta a todos los estudiantes por no haber asistido a clases».

Según el joven, estudiantes del instituto Belén y la Escuela Normal para Varones, también son sujetos de amenazas de parte de los maestros. «Por estas razones hay otros establecimientos que no participan en ninguna actividad, porque tienen miedo a la represión dentro de sus establecimientos», dijo el entrevistado.

«Se han planteado varias denuncias a la PDH, pero seguimos esperando que nos llamen para tomar nuestros casos. Creemos que no ha habido seguimiento, porque somos jóvenes y no nos hacen caso», se lamentó el adolescente.