El delito de violencia contra la mujer acumuló el mayor número de procesos penales abiertos en los juzgados de todo el país, según las estadísticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, de enero a septiembre de este año.
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Con un total de 7 mil 728 procesos ingresados a los órganos jurisdiccionales del país, el citado delito incluido en la recién vigente Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ocupa el primer lugar de más de 290 actos ilícitos detallados en la legislación nacional.
í‰ste es seguido por los delitos de amenazas, con 7 mil 127; robo agravado, con 4 mil 224; robo, con 2 mil 928; hurto, con 2 mil 705; y responsabilidad de conductores, con 2 mil 208.
A criterio de las fuentes consultadas, aunque el alto número de procesos iniciados este año por violencia contra las mujeres refleja una mayor disposición a la denuncia de este hecho; también expone la grave crisis de violencia que enfrenta este grupo de la sociedad.
POCA RESPUESTA
A criterio de Hilda Morales, de la Red de la No Violencia contra la Mujer, el incremento de la cifra reportada por el Organismo Judicial (OJ) obedece a que «las mujeres conocen más su derecho y se atreven a denunciar», además, refirió que hubo mayor divulgación de Ley contra el femicidio y otras formas de violencia.
La analista consultada resaltó en ese sentido que a partir de la mayor cantidad de denuncias y del alto número de procesos corresponde al OJ dar una respuesta adecuada para que no haya impunidad en esos casos, de lo contrario, «va a continuar la desconfianza en el sistema y se generará una situación de desamparo en las mujeres», indicó.
Para Morales, aunque el alto número de casos da lugar refleja que hay más denuncias de ese delito, resalta que «hay un gran número de mujeres que son víctimas de violencia y no tienen posibilidades de denunciar por la forma en la que viven esa situación, por la lejanía de la justicia y por el monolingí¼ismo con el que funciona el sector justicia. Siempre hay una cifra negra», enfatizó.
La entrevistada afirmó que la Ley para sancionar este tipo de delitos debe ir más allá de su aplicación; «debe ser comprendida e interpretada por quienes deben aplicarla», dice, y enfatiza que en la medida que eso se haga las víctimas van a poder acudir con confianza al sistema: «La Ley cuando es aplicada se convierte en disuasivo para que los agresores cesen en su conducta, pero no hay que olvidar que es un problema complejo», refiere Morales.
También recomendó al Ministerio Público para que los casos no queden en la impunidad, que fortalezcan los programas de protección a las víctimas y que procuren que haya mayor posibilidad de contar con pruebas científicas y anticipada, aunque las víctimas no participen en el desarrollo del juicio.
FALTA LEGISLAR
Para Norma Cruz, directora de la Fundación sobrevivientes y querellante adhesiva en una serie de procesos por violencia contra las mujeres; a pesar del elevado número de casos reportados por el OJ, aún existe una gran cantidad de hechos que no se denuncian y que necesitan llegar «para que se haga justicia y se golpee a la impunidad», indicó.
Pero la activista también señaló que hace falta mayor divulgación por parte del Estado a la nueva Ley contra el Feminicidio y criticó el trabajo «de los operadores de justicia», que a su criterio, están aplicando mal la misma: «el MP tipificando mal el delito y los jueces otorgando reformas en casos paradigmáticos», refirió.
«Ha habido grandes tropiezos con los jueces», insistió Cruz y agregó que el OJ tiene un gran reto ya que la escuela de formación para Jueces y Magistrados debe dar mayor énfasis a la citada Ley.
Cruz también refirió que aún falta mucho por legislar en ese tema, y recomendó al organismo Legislativo que estudie las propuestas de reforma a la ley que regula la violencia intrafamiliar, pues ésta tiene por objeto proteger a las personas más vulnerables a ese hecho ilícito en la sociedad como gente de la tercera edad, la niñez y adolescencia y las mujeres y al contrario de ello «se están otorgando medidas de seguridad a los hombres violentando aún más a la mujer por los efectos que estas resoluciones generan», explicó.
Cruz finalizó diciendo que el aumento en el número de mujeres que se están acercando a denunciar este tipo de hechos contribuye a que se tomen acciones de prevención, pero también implica que debe haber un esfuerzo más grande del Estado para garantizar la justicia.
Adelma Esperanza es una mujer fuerte: actualmente tiene 37 años y es una sobreviviente de una de las peores manifestaciones de violencia contra la mujer, pues su ex conviviente intentó asesinarla.
La mujer de tez morena sobrevivió a 14 años de violencia intrafamiliar; pero todo empeoró para ella el 18 de marzo de 2008, cuando un grupo de hombres ingresó a su vivienda y le disparó con una escopeta con la intención de matarla; según la fiscalía; su ex esposo había pagado Q6 mil a dos sicarios para asesinarla; sin embargo, no lo consiguieron.
«Yo lo que quiero es justicia. Que hagan justicia porque yo prácticamente perdí la mitad de la vida», dice Adelma al recordar que en el atentado perdió el brazo izquierdo.
«Aunque yo quiera trabajar ya no puedo por ese impedimento que me dejó la violencia», sigue narrando Adelmita, como suelen decirle sus vecinos; y añade: «í‰l (ex conviviente) me amenazaba y me echaba de la casa, y me decía que si no me iba de la casa iba a mandar a matarme y después que yo llegué al hospital siguieron las amenazas».
Adelma cuenta que cuando su ex conviviente la amenazó con hacerle daño a su hija, fue que se atrevió a denunciar el hecho para resguardarla.
El caso de Adelmita es paradigmático, pues su ex esposo René de Jesús Monzón, de 36 años, quien presuntamente había contratado a los sicarios para darle muerte, fue inicialmente procesado por los delitos de parricidio en grado de tentativa y amenazas, y no por violencia contra la mujer.
El 20 de marzo último Monzón Cifuentes fue enviado a prisión preventiva, según resolución del juzgado Primero de Instancia Penal, el cual consideró que había elementos suficientes para enviar a prisión al supuesto victimario. La jueza Carol Flores no ligó a proceso al sindicado por violencia contra la mujer porque el ataque se cometió antes de que la Ley que contempla ese delito fuera aprobada, argumento.
A ello se suma que el sindicado recuperó su libertad con una fianza de Q1 mil, luego que su defensa solicitó la reforma de los hechos ilícitos por el de lesiones graves.
POSICIí“N DELITO PROCESOS
1 Violencia contra la mujer 7 mil 278
2 Amenazas 7 mil 127
3 Robo agravado 4 mil 224
4 Robo 2 mil 928
5 Hurto 2 mil 705
6 Responsabilidad de conductores 2 mil 208