La Alianza Nueva Nación, ANN, considera que la violencia generalizada en el país produce más de 15 muertes diariamente, y que el Gobierno arriesga la gobernabilidad del Estado y la justicia social se hace cada vez más lejana al contenido de los Acuerdos de Paz.
Max Cabrera y Julio Mora, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la ANN, afirmaron que las zonas urbanas y rurales son copadas por bandas organizadas que someten a la población a un estado de psicosis y pánico, sin que las fuerzas de seguridad tengan capacidad para evitarlo.
«Se intimida, amenaza y asesina a testigos clave para obstaculizar los procesos judiciales orientados al castigo de los responsables», dijo Mora.
Los asesinatos de mujeres, los menores huérfanos desamparados, la violación a las leyes y la intimidación y amenazas, han dejado como resultado el colapso del sistema de seguridad en el país, enfatizó Mora.
Ante ese panorama, la ANN denuncia que la violencia tiene diversas caracterizaciones, causas y efectos, y el Estado se concreta a crear mecanismos para facilitar la rentabilidad de los capitales y olvida políticas dirigidas al desarrollo integral del país.
Violación a leyes laborales
El sistema económico ha excluido al Estado de la actividad económica productiva, y deja en manos del sector privado la generación de empleo con el agravante que ese sector dedica sus utilidades a la especulación financiera, añadió Cabrera.
Las relaciones laborales se caracterizan por la aplicación de sueldos bajos y el incumplimiento al salario mínimo, principalmente en las actividades agroexportadoras, añadió. «De esa cuenta, se le arrebata el derecho a millares de guatemaltecos de trabajar en el país, y se ven obligados a emigrar hacia los Estados Unidos en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, exponiendo sus vidas a riesgos y abusos de las autoridades migratorias y empresarios», subrayó.
Los dirigentes consideran que el retardo en la aplicación de políticas dirigidas a resolver el problema agrario, margina a los campesinos e indígenas en el área rural.
Cuando los afectados emigran hacia la ciudad se refugian en la economía informal como método de sobrevivencia, situación que lleva a algunos a mendigar para subsistir, señaló Mora.
«El Estado se resiste a tomar medidas eficaces para elevar su capacidad de gasto e inversión», opina Cabrera. El 12 por ciento de carga tributaria que fue establecida en los Acuerdos de Paz, para alcanzarse en el año 2000, sigue relegada a un 9.5, con lo cual la evasión fiscal sobresale en el sistema tributario y de ello se benefician las grandes y medianas empresas, destacó.
Los líderes recomendaron al Gobierno a cumplir los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz, a fin de alcanzar una democracia real y funcional así como la soberanía política y económica.
La ANN observa que en el centro de los escenarios se sitúa el sistema económico y social imperante, ambos estructurados para favorecer a la iniciativa privada. De esa cuenta, el sistema ha sido penetrado por la mafia organizada la cual mediante evasión y explotación permite la acumulación de riqueza sacrificando la existencia del ser humano.