Un documento que cuando se elaboró fue considerado por todo el mundo como una carta fundamental bien elaborada, los guatemaltecos lo hemos convertido en un papel sin valor, que pareciera haber sido escrito con una tinta que los funcionarios pueden borrar y colocarle el texto que más se ajuste a los desmanes que piensan cometer.
El problema con la Constitución es que nunca contempló que el poder fuera ejercido por una clase política ambiciosa, corrupta y en cierta forma hasta criminal.
La Constitución dejó un espacio abierto para reformas cuando así lo requiriera un grupo de ciudadanos, pero equivocó el camino, pues el que decide si se acepta o no esta petición, es la misma clase política a la que se le quiere poner freno.
Leamos despacio la Constitución y veremos que si la clase política que ocupa el poder fuera honesta y de principios morales bien fundamentados, nos daríamos cuenta que en lugar del papel de baño en que actualmente se ha convertido, pasaría a ser un documento hermoso que garantiza la convivencia de los guatemaltecos.
Para efectuar actos que según una persona normal riñen con la Constitución, los políticos se asesoran con abogados retorcedores de la ley, que logran que la justicia llegue a confundir el negro con el blanco.
Como ejemplo y para hacerlo más ilustrativo voy a hablar de un caso actual. Resulta que la Constitución para evitar que entre el Ejecutivo y sus ministros haya una relación muy estrecha que se preste a no denunciar malos manejos, puso una limitante de consanguinidad y otra de afinidad, lo cual por lo menos cierra la puerta, aunque no le ponga pasador.
Para evitar que se diga que hay una violación constitucional se cumple con estos requisitos, nombrando funcionarios sin ninguna relación de esta naturaleza con el ejecutivo, pero retorciendo este principio, se nombra a la esposa para que ella disponga de los recursos asignados a los ministerios. Que manera más burda de violar la Constitución, pero lo triste no es eso, pues eso es comprensible con la clase de políticos que tenemos, lo triste es que el pueblo pague una facultad de derecho que no le sirve para nada, que haya un Colegio de Abogados y que no se dé cuenta de esta aberración, que haya una organización que dice que defiende la Constitución y no se le ve por ningún lado y una Corte de Constitucionalidad, que para que les cuento.
Visto de esta manera, parece que los problemas de Guatemala, bajo el punto de vista legal no tienen solución.