Dominique de Villepin podría enfrentar problemas con la justicia francesa.
El ex primer ministro francés Dominique de Villepin fue puesto a disposición del tribunal correccional de París, acusado de haber querido desestabilizar al actual presidente Nicolas Sarkozy cuando era su rival por la candidatura de la derecha, con una denuncia de un supuesto caso de soborno.
En su decisión, los dos jueces instructores del proceso consideraron todos los cargos contra Villepin que habían determinado su procesamiento judicial: complicidad de denuncia calumniosa, complicidad en el uso de documentos falsos, ocultamiento de robo y ocultamiento de abuso de confianza».
El escándalo conocido como «caso Clearstream» comenzó en 2004, cuando salieron a la luz acusaciones, falsas y anónimas, de que Sarkozy y otros políticos tenían cuentas en una entidad financiera con sede en Luxemburgo llamada Clearstream.
Estas cuentas estaban relacionados con una venta de fragatas a Taiwán en 1991, en la que se habrían pagado sobornos.
A mediados de 2004, el juez encargado del caso de «las fragatas a Taiwán» recibió dos cartas y un CD-ROM de una o varias fuentes anónimas.
Los documentos contenían números de cuentas bancarias abiertas en Clearstream y mencionaban transferencias ocultas de millones de dólares, relacionándolas con numerosas personalidades, incluidas Nicolas Sarkozy, quen marzo de ese año había asumido el ministerio de Economía.
En su ordenanza, los magistrados fundan los cargos contra Villepin en el hecho de que en abril de 2004, éste habría dado instrucciones para entregar a la justicia las listas, a sabiendas de que eran falsas.
Sarkozy y Villepin hombres pertenecían entonces al gabinete del presidente francés Jacques Chirac (1995-2007). Dominique de Villepin había sido canciller, luego ministro del Interior y finalmente primer ministro.
Ambos aparecían entonces como los dos principales aspirantes de la derecha francesa a la candidatura presidencial de cara a los comicios de 2007.
Villepin, que es actualmente uno de los escasos opositores de derecha al jefe del Estado, denunció «la instrumentalización» de la justicia.
«Durante toda la instrucción (del caso), la verdad de los hechos y del derecho han sido desviados en beneficio de una sola parte querellante que al mismo tiempo es hoy presidente de la República», alegó Villepin.
Hace unos diez días, el ex primer ministro recurrió ante el Consejo de Estado, la más alta institución administrativa del país, contra un decreto del presidente que prolonga las funciones de uno de los jueces a cargo del caso Clearstream.
De todas maneras, todo parece indicar que Villepin ordenó investigaciones paralelas al margen de todo marco judicial para verificar la autenticidad de las listas.
En enero de 2004, Villepin, entonces ministro de Relaciones Exteriores, pidió al responsable de los servicios secretos franceses, el general Philippe Rondot, que investigara los «rumores» de corrupción vinculados a la venta de las fragatas. Este encuentro y sus contenidos se conviertieron en uno de los elementos centrales del caso.
También habría sugerido a su amigo Jean Louis Gergorin, ex vicepresidente del grupo europeo de aeronáutica y de defensa EADS, que enviara las listas a la justicia, para que los «culpables» que allí aparecían fuesen sancionados.
Gergorin también figura entre los protagonistas del caso puestos a disposición del tribunal correccional.