El conocimiento de las leyes sobre el uso de la información pública, el acceso a la tecnología, la disposición de tiempo libre y sobre todo, la indignación, son los elementos de los que carecen muchos ciudadanos

Y que justamente son necesarios para motivar un efectivo trabajo de fiscalización y auditoría ciudadana para mantener vigilados a funcionarios, políticos y demás administradores de los recursos públicos, pero hay otros obstáculos y motivos de peso que impiden cumplir con esta tarea.

¿Qué se necesita para ser un agente fiscalizador? El primer punto de discusión es que el ciudadano efectivamente quiera ser un ente fiscalizador, es decir, que quiera ser alguien que aparte de exigir sus derechos y conocerlos, también esté dispuesto a cumplir con sus obligaciones cívicas, tributarias, sociales y culturales, lo cual implica un ejercicio responsable de lo que significa la ciudadanía.

El especialista en política fiscal, Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), menciona que las personas, para ejercer un rol activo de fiscalización, primero deben tener pleno conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero hay dos inconvenientes: La ley se conoce poco y no tiene sanciones para quienes la incumplan.

“Un ciudadano puede ir a una entidad del Estado a solicitar información, pero si no se la dan es muy difícil que se sancione. El Procurador de Derechos Humanos tiene algunas facultades para sancionar, pero son más de tipo moral que ejecutiva”, explica.

La Ley de Acceso a la Información Pública, en sus primeros artículos, reza que tiene por objeto «garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley».

Igualmente, garantiza la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados, mientras establece como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia; favorece por el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que puedan auditar el desempeño de la administración pública, y por último garantiza que toda persona tenga acceso a los actos de la administración pública.

El analista Walter Figueroa coincide con Barrientos, y señala que aun con la difusión de los mecanismos de transparencia, en donde trasciende lo relativo a la Ley de Información Pública, persiste la debilidad de un marco sancionatorio.

REPRESIÓN

Barrientos agrega que este desconocimiento de la ley va más allá de conocer una ley específica, porque muchas veces, especialmente en el interior del país, se encuentran casos donde la gente por consecuencia natural de la historia reciente de Guatemala, está más acostumbrada a un Estado represor y violento.

«En todo caso, recientemente lo único que conocen es a un alcalde, quien resulta ser corrupto y abusivo”, indica.

Además, advierte que estas imágenes y formas de Estado, o lo que se conoce como tal en ciertas regiones de Guatemala, limita mucho la capacidad de hacer auditoría social, porque la gente tiene temor y miedo.

Figueroa, por su lado, menciona que todo es parte de un proceso histórico.  “Guatemala cuenta con una democracia incipiente, y que  hasta hace poco,  había sido un país con una tradición de dictaduras, naturalmente  opuestas a la organización, participación y fiscalización de la  ciudadanía”.    

Un claro ejemplo es el asesinato, en diciembre de 2011, de la joven Emilia Quan, quien trabajaba para el Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala –Cedfog–, en Huehuetenango.

Una de las teorías de la Policía en torno al asesinato de la joven es que había publicado un informe de auditoría social sobre el Consejo de Desarrollo de Huehuetenango; posteriormente, autoridades de la organización indicaron que sí recibió amenazas de muerte por la publicación de este informe, aunque se determinó que el ataque tuvo otra razón.

Es así como la debilidad y ausencia del Estado de Derecho es una de las razones por las cuales también se limita la posibilidad de fiscalizar en el ciudadano.

“Sin embargo, creería que de alguna manera, por lo menos en términos centrales, este aspecto ha mejorado un poco, pero sigue habiendo desafíos en el interior del país”, expone Barrientos.

Asimismo, el convencimiento por parte de la población en general, que las autoridades del Estado de Guatemala son violatorias de la ley, también puede convertirse en uno de los principales impedimentos para que la ciudadanía asuma un rol activo.

Por ejemplo, dice Ricardo Barrientos, vemos el caso de muchos alcaldes municipales que son como caciques, porque ostentan poder y el Estado no es capaz de limitar ese poder; y lo mismo ocurre con algunos diputados distritales que hacen feria con el listado geográfico de obras.

“Hay alcaldes que han sido acusados, procesados y condenados, incluso por sus vínculos con el narcotráfico, especialmente en la parte oriental y norte de Guatemala”, manifiesta.

Por el otro lado, financistas de campaña, contratistas del Estado que encuentran aliados en el sector público (diputados y miembros del Ejecutivo), nunca han sido siquiera investigados. El único expresidente con una investigación y acusación realizada fue Alfonso Portillo.

Algunos diputados del listado nacional generalmente se aparejan a los negocios del Ejecutivo y son los máximos gestores de leyes por las que se pagan millones de quetzales.

INDIGNACIÓN Y TEMOR

Esta situación cala de alguna forma en la población, y Barrientos declara que lo que genera es indignación, pero que también lo que causa es temor.

“Temor de que si se levanta la voz y se hace un señalamiento o denuncia, el funcionario señalado puede reaccionar violentamente. Imagine que esté vinculado con grupos armados dedicados al tráfico de estupefacientes. ¿Quién va a desafiar a estos grupos, si la misma Policía es corrupta?”, cuestiona.

“En las zonas de la Ciudad, donde la delincuencia impera, qué incentivo puede tener la ciudadanía de publicar y denunciar. Ese es el temor”, plantea. Para Walter Figueroa, el problema de la limitación de la participación ciudadana también radica en que está condicionada por el nivel educativo.  

“Guatemala es un país en donde los niveles educativos de la población tienen grandes rezagos,  lo cual condiciona el nivel cultural de la población, y por lo tanto,   también condiciona su participación en los ejercicios de auditoría y fiscalización social”, añade Figueroa. 

Ricardo Barrientos considera que en la capital ya es un tema técnico la fiscalización, porque se conoce o no la ley, se sabe o no dónde poner denuncias, se sabe dónde está la PDH, o se conoce o no de un acto de corrupción. “El hecho es que la corrupción se va mucho hacia el presupuesto de la inversión pública”, argumenta.

Critica también que se puede hablar de aspectos técnicos, en el caso, por ejemplo, que mucha de la información que se considera de acceso público, se encuentra en Internet, pero indica que hay lugares donde ni siquiera hay energía eléctrica.

También menciona que existen aún áreas donde la gente no sabe ni leer ni escribir, y mucho menos estará capacitada para hacer una auditoría social.   

“Yo creo que esos son factores más generales y periféricos, pero en realidad una de las principales razones es el abuso de autoridad del Estado, principalmente en los ámbitos locales”.

¿QUÉ HACE FALTA?

En cuanto a las posibles soluciones de corto y medio plazo, Walter Figueroa expone que se deben generar y fortalecer los mecanismos  que estimulen  la  participación ciudadana, a través de una política pública integral,  que incida positivamente en la participación del Gobierno.  “Este es el caso de iniciativas como las de  Gobierno Abierto”.

De igual forma, recomienda fortalecer los mecanismos ya existentes, dando difusión, y sobre todo, capacitando a las organizaciones de la sociedad civil en el uso de esas herramientas, y el análisis de la información que de estas se puede generar.

Por último, insta a difundir más sobre la Ley de Acceso a la Información, pero sobre todo, la implementación de ese marco jurídico, de tal cuenta que el ciudadano cuente con información para ejercer un verdadero papel de fiscalizador.

ORGANIZACIÓN CIVIL

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, cree que la salida es organizarse. “Es muy difícil hacer ejercicios de fiscalización social o auditoría social, si se hace de manera aislada”.

Lo anterior, expone Flores, es porque la organización implica compartir riesgos, es decir, dispersar posibles represalias, aprovechar las fortalezas y conocimientos de los otros actores que integran la organización. “Otro tema es que es más fácil tener algún tipo de incidencia o resultado de la fiscalización social”.
 
Flores agrega que: “Otro punto importante es el conocimiento de las leyes, acceso mínimo a tecnología y sobre todo tener la capacidad o sensibilidad de indignarse ante tanto acto de corrupción que a la larga lo que hace es dejar niños sin maestros y sin escuelas, enfermos sin medicamentos de los más básicos, obra pública que se destruye con las primeras lluvias o que no tiene duración en el tiempo”.

El analista Barrientos, manifiesta que para lograr un ambiente de fiscalización ciudadana  hace falta el fortalecimiento del Estado. El inconveniente, según el analista, es que el Estado se percibe como algo que funciona mal y que debería reducirse. Barrientos dice que debe ser al contrario: que el Estado se debe fortalecer y ampliar, porque, ejemplifica, que en un municipio lejano, ante la ausencia del Estado, lo que hace es que la gente sobreviva como pueda.

“Por ejemplo, se quejan de que un grupo de comunitarios secuestra a un grupo de agentes policiales con tal de que se liberara a un grupo de contrabandistas y el furgón que se les había detenido. La gente no es mala ni está asociada al contrabando  o a grupos que operan en la ilegalidad, por su propio gusto o porque sean malos por naturaleza. La gente apenas está sobreviviendo en inequidad y en la ignorancia sin acceso a educación formal”.

Para Barrientos, si se tiene la oportunidad de asociarse a un grupo delincuencial para obtener recursos y salir adelante, el alcalde está vinculado con el narco, los diputados solo se dedican a hacer negocios manipulando el presupuesto de inversión pública e infraestructura, entonces es natural que la ciudadanía no tenga los incentivos adecuados para fiscalizar.

“Al ciudadano le hacen falta instituciones públicas en que pueda confiar”, dilucida.

Barrientos justifica que se necesita un Estado fuerte que garantice el respeto a la ley. “En cuanto a los sistemas de Internet, podemos ir a un municipio y decirle a la gente: “Si compra una notebook y paga Internet móvil, va a encontrar en Sicoin la ejecución presupuestaria de municipalidades. Puede ver Guatecompras, infórmese, lea la ley”. Hay gente que ya lo hace. No estamos en cero. ¿Pero qué hace con eso? Hay que ir al MP, ¿pero cómo garantizar que no lo van a matar? He ahí la debilidad”.

Por un lado, se puede enfocar este tema en si la gente quiere o no realizar su derecho a hacer una auditoría social. En la capital eso ya ocurre, pero según el analista, si nos vamos a un municipio del interior, el clima de represión sigue ocurriendo.

Barrientos concluye que el tema pasa por la debilidad del Estado y las instituciones públicas.

A esto se le llama debilidad o ausencia total del Estado. Y lo que hace falta es el fortalecimiento de un Estado democrático funcional y transparente.