La vigencia a partir de hoy de la Ley que regula el trabajo de las comisiones de postulación no es en sí misma garantía de que la integración de la próxima Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones vaya a ser absolutamente cristalina, porque es obvio que existen muchos y muy grandes intereses en juego y que poderosos sectores están moviendo sus piezas para asegurarse el control del sistema judicial del país, sobre todo ahora que les es más urgente asegurarse impunidad ante el trabajo que viene realizando la CICIG en distintos campos.
Desde el principio, cuando la ley fue presentada como proyecto por la diputada Montenegro, dijimos que era un instrumento para abrir las puertas y permitir que la sociedad tuviera mayor presencia en el proceso, pero a la larga y definitivamente, depende del papel que los guatemaltecos juguemos para que se logre conformar una estructura judicial confiable y, cuando menos, con mayor independencia de los poderes paralelos que hoy en día actúan con descaro absoluto, como se puede ver con los casos Matus y Portillo, en los que se ha evidenciado cuáles son los obstáculos para el avance de la justicia y el peso específico que tienen los grupos clandestinos en toda la estructura de administración de justicia.
La sociedad logró un triunfo indudable cuando tras la conmoción provocada por el llamado caso Rosenberg se hizo presión al gobierno para que abandonara su indiferencia frente a la elección de la nueva Corte y de los magistrados de Sala. Pero ese paso sería insuficiente y ahora caemos en la ancestral indiferencia y demostramos que, una vez más, los chapines hemos sido pura llamarada de tusa que se apaga casi de manera inmediata.
Un elemento cohesionador de la sociedad es el clamor por justicia y el fin de la impunidad. En ese tema está interesada la mayoría de la sociedad y apenas los que se benefician de la falta de imperio de la ley son los que se oponen no sólo a los cambios necesarios, sino que hasta al papel que juega la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, entidad que está aquí para devolverle al Estado la soberanía perdida y no para dañar la soberanía. Porque no puede haber Estado soberano si no es capaz ni siquiera de aplicar sus propias leyes y garantizar la seguridad a las personas porque los grupos clandestinos y los poderes ocultos se han encargado de corromper toda la estructura. La protesta ciudadana se tiene que dirigir ahora contra los operadores de justicia que evidencian sus sucios compromisos y es urgente que presionemos y exijamos para evitar que sigan apañando a los delincuentes.