Quienes nos hemos «metido» a este fascinante oficio de «escribiente» lo hemos hecho con la intención de propiciar mejores y más satisfactorios niveles de armoniosa convivencia. Empero, como solían agudamente satirizar tantas ilustres «plumas» guatemaltecas, desde el propio fundador de este casi centenario vespertino, hasta las últimas sagaces «columnas» de Manuel José Arce (de quien tomé el vocablo de «escribiente»), y tantos otros, se deambula entre las lúcidas visiones de un mundo ideal (conforme nuestro particular punto de vista, claro está) hasta la triste y terrible realidad que nos rodea.
Sale a cuento lo anterior pues el 4 de agosto de 2005, con ocasión de haberse aprobado en el pleno del Congreso de la República el Decreto 52-2005, la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, escribí: Este esfuerzo es el resultado de una leve conquista de la sociedad guatemalteca en la aspiración por alcanzar una democratización que abarque diferentes ámbitos de la vida de los habitantes de este país, ya que tal es la pretensión contenida en los propios Acuerdos de Paz y cuyo cumplimiento ha pasado por enormes esfuerzos y con ellos también grandes tropiezos.
Es tedioso citarse a sí mismo, pero tengo la intención de validar algunas de aquellas reflexiones respecto del desempeño derivado de la vigencia de aquel decreto. Anticipadamente sírvase disculparme el apreciable lector, por ser reiterativo. Líneas adelante señalé: La ausencia de continuidad en los lineamientos de interés general, por no llamarlos nacionales, es una de las principales debilidades del sistema político que nos rige… el problema radica en la suerte de combinación entre una práctica política nacional que se caracteriza por la improvisación, el oportunismo o un atisbo de pragmatismo simplista en el que la planificación y las medidas de largo plazo, simple y sencillamente, no tienen futuro entre los interlocutores, que en este caso, recordémoslo también, son los propios ciudadanos metidos al interés político partidario. Fin de las citas.
La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, además de consignar que los tales, a partir de entonces son «compromisos de Estado», crea, además, el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz. A alguien se le ocurrió que si en esa ley se les confiere la categoría de compromiso de Estado, el Consejo encargado de proponer acciones a desarrollar para su cumplimiento es entonces un Consejo de Estado. Si tal analogía se hubiese investido de una visión de largo plazo, pues quizás hasta acertada hubiese estado el empleo el calificativo asumido.
Sin embargo, ha ocurrido que la práctica del desempeño de ciertos «consejeros» ha derivado en lo característico de nuestro país: improvisación y oportunismo. O más grave aún. Impregnados algunos de ellos de un pragmatismo utilitarista en un oportunismo improvisado para alcanzar beneficios personales. Orillando las deliberaciones no en los temas estructurales, sino en la periferia administrativa pues así intentan conquistar sus particulares y nefastas pretensiones particulares. De septiembre 2008 a la fecha la esencia de la «aspiración» de la norma, ha quedado relegada esfuerzos espurios por hacerse del control del ente bajo todo tipo de argucias. Y aquí fallé con mis asesorados en aquellas jornadas, pues no se ha podido superar ese estado de cosas.
Se llegó inclusive al empleo de verborrea jurídica para descalificar o para enaltecer perturbadas e ilegítimas aspiraciones de algunos suplentes, que con la arrogancia e impertinencia de ciertos representantes titulares tienen sumergido en un pantano al ente deliberativo. Y simplemente éste no se desenvuelve.
En 1995 con ocasión de haber participado en un proceso deliberativo y de evaluación sobre ciertos tópicos de lo que un año más tarde sería el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (suscrito el 6 de mayo de 1996), pude establecer que el «borrador» aquel y lo firmado meses más tarde, dista enormemente de una aspiración técnicamente sustentada. Así fue y parece que así seguirá siendo. Como se menciona en algún pasaje por ahí: Los acuerdos entre militares enfrentados, provocan el cese del fuego, pero no necesariamente la instauración de condiciones sólidas para desarrollar la paz y consolidar la democracia.
Van tres intentos por encausar en el sendero de la institucionalidad al Consejo. Mañana se habrá de producir el siguiente. Esperaría que con la inclusión de otros actores a las deliberaciones, aquellos de entre los consejeros que se han apasionado por sus propias petulancias se vean rebasados por la contaminación imperante y que éste, el Consejo, por fin pueda dedicarse a acciones enmarcadas en la construcción mediante propuestas que tiendan a superar la frágil institucionalidad imperante.