Izando las velas en la dirección del viento para acelerar la marcha de la embarcación llamada «transparencia», las diputadas Nineth Montenegro y Rosa María de Frade, ambas de la oposición política, capitanean la discusión de la polémica ley de acceso a la información que tiene en jaque, en estos momentos, a quienes no tienen el valor de reconocer que la adversan por temor a la repulsa pública que se los recrimine, sin embargo, haciendo uso de un doble discurso afirman que apoyarán la aprobación del normativo cuando llegue al Pleno.
El diputado Mariano Rayo es el único en el Congreso de la República que se ha atrevido a alzar su voz y que aun cuando no ha asumido una posición definitiva sobre el tema, los grupos de presión que demandan que dicho normativo llegue a buen puerto lo han estigmatizado de estar en contra de la ley, quizá porque su jefe del Palacio de la Loba se resiste férreamente a que trascienda a la opinión pública los manejos de los millonarios fideicomisos contratados bajo su administración, que ha guardado con recelo y que no habido a la fecha autoridad alguna que se lo exija.
Sin embargo, la impenetrable administración edilicia del alcalde ílvaro Arzú parece estar llegando a su fin, toda vez que el osado diputado Aníbal García, ante la actitud esa, de ocultar información pública, presentó un amparo para que también el presupuesto municipal sea fiscalizado por el Congreso de la República, el cual fue declarado con lugar el miércoles, un fallo que en estos momentos también se interpreta como resultado de los nuevos vientos que soplan, supuestamente desde el Ejecutivo en el tema de la cacaraqueada transparencia de la administración pública.
Ambas diputadas, aprovechando la crisis de transparencia en el Legislativo que desencadenó la anómala inversión de Q82 millones de fondos públicos en una Casa de Bolsa y la supuesta luz verde del Ejecutivo para impulsar esta ley, engavetada desde hace muchos años (ya que las ponencias de Montenegro y de Frade son nuevas versiones de muchas ponencias presentadas desde los años 90), cabildearon para conseguir las firmas (la mitad más uno) y así desentrampar la evacuación del dictamen que la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales guardaba en sus gavetas del segundo nivel de Casa Larrazábal.
Hasta el miércoles, el dictamen aun no había sido presentado a la Secretaría Técnica Legislativa, pero tampoco las diputadas habían logrado reunir las firmas (25% del total de diputados, o sea la firma de 40 diputados) para solicitar a la Comisión Permanente la convocatoria a una sesión extraordinaria y elevar la discusión al Pleno, donde según ellas en una sola lectura sería aprobada con mayoría calificada, habida cuenta que el Congreso de la República se encuentra en receso de sesiones ordinarias, las cuales reanudará hasta el mes de agosto (artículo 158 de la Constitución Política).
La ley de acceso a la información es uno de los compromisos que el Estado de Guatemala adquirió en los Acuerdos de Paz, pero fundamentalmente es un mandato constitucional incumplido, como muchos otros, principalmente en el tema indígena, que desde 1986 no ha habido voluntad política por desarrollarlos a través de la legislación ordinaria. Seis gobiernos de distinto corte ideológico han dirigido el país desde entonces y ninguno se ha atrevido a impulsar una ley de esta naturaleza, tal como ahora lo hace el partido oficial, más que por convicción, forzado por el escándalo financiero en el Congreso de la República.