La imprudente acción militar que el gobierno de Colombia llevó a cabo el pasado fin de semana cuando los miembros de su Ejército incursionaron en territorio de Ecuador dando muerte a Raúl Reyes, Segundo Comandante de las guerrillas de las FARC y a otros 20 rebeldes ha puesto la situación al rojo vivo en la América del Sur.
El gobierno de Ecuador del presidente Rafael Correa, reaccionó en forma enérgica protestando contra el régimen del presidente ílvaro Uribe, además de romper las relaciones diplomáticas con Colombia. También ordenó una intensa movilización de varios batallones del Ejército para reforzar la seguridad en la frontera ecuatoriana.
En ese contexto, el presidente Hugo Chávez, de Venezuela, expresó su más profunda solidaridad al gobierno y pueblo de Ecuador, censurando en forma muy ácida la actitud belicista del Presidente colombiano, a quien llamó despectivamente el «cachorro del imperio». El gobernante venezolano expulsó de inmediato al Embajador de Colombia, a la vez que impartió instrucciones para el desplazamiento de importantes unidades del Ejército a efecto de proteger la línea fronteriza.
Todo este escenario configura una de las peores crisis políticas en el Sur del continente avivando nuevos vientos de guerra que pueden poner en peligro la estabilidad de la región. Diversos internacionalistas coinciden en que el operativo militar de Colombia representó una abierta violación a la integridad territorial de Ecuador y una ofensa a su soberanía. Los datos que han surgido luego de la incursión de helicópteros y soldados colombianos en territorio ecuatoriano, apuntan a que la agresión armada fue un acto premeditado.
Los argumentos del gobierno pro estadounidense de Colombia sobre que en las computadoras del líder insurgente muerto se encontró información que vincularía a los insurgentes con los gobiernos de Venezuela y Ecuador, así como la intención de llevar al Presidente de Venezuela a la Corte Penal Internacional por la supuesta complicidad en actos de genocidio, parecen ser una cortina de humano para distraer la atención de la opinión pública mundial, ante lo que indudablemente fue un inaceptable atropello a la soberanía de Ecuador y una grave violación al Derecho Internacional Humanitario al dar muerte con alevosía y ventaja a personas que estaban durmiendo en un territorio que no era el de Colombia. Por ello carece de base de sustentación la supuesta atenuante esgrimida por Colombia, sobre que el ataque constituyó un acto de legítima defensa. Si los guerrilleros no estaban en posición de combate, el acto fue una verdadera masacre.