La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) planteó dos hipótesis sobre el asesinato de Ví­ctor Rivera, quien durante años asesoró al Ministerio de Gobernación en materia de secuestros y crí­menes de alto impacto. Las teorí­as sobre ese delito coinciden en que el ahora fallecido habrí­a estado involucrado en hechos delictivos.

Sin embargo, las opiniones sobre el agente de seguridad a quien muchos conocí­an en Guatemala como: «Frank», son antagónicas pues algunas se inclinan a pensar que su actuar no era cuestionable (como lo hizo Carlos Castresana cuando exhibió públicamente los resultados del crimen en su contra), mientras otros confirman lo establecido por ex titular de la CICIG.

No obstante, las hipótesis están siendo analizadas por la fiscalí­a y a criterio de algunos entrevistados, serán los resultados de la investigación los que confirmen o descarten las dudas sobre el actuar de este personaje, quien laboró como asesor en seguridad durante varios gobiernos.

Hipótesis presentadas:

Secuestro

Castresana detalló los posibles motivos del asesinato de «Frank», no sin antes enfatizar que ambos son sólo «posibilidades». La primera de ellas tiene que ver con un secuestro, tema en el que Rivera era experto. «Estamos analizando varias hipótesis; no podemos confirmar ninguna de ellas», expresó Castresana.

«Sí­, parece que hay una relación antigua entre Ví­ctor Rivera y Jorge Mario Paredes, en la cual se derivó el interés o la decisión de Paredes de asesinar a Rivera», añadió el comisionado sin dejar claro hasta ese momento si la relación a la que se refirió era por actos criminales a los que se dedicaba Paredes.

Pero habrá que esperar las investigaciones para sacar una conclusión a la hipótesis en la que Castresana hizo especial énfasis: «La más probable, en este momento, tendrí­a que ver con el secuestro y muerte del hijo de Paredes, en cuyo secuestro habrí­a intervenido Rivera, presuntamente intentando solventarlo, pero por una diferencia económica entre ambos y con el final fatal de la muerte del adolescente».

Castresana se refirió, sin especificarlo, a Gary Moisés Castañeda Alvarenga, hijastro de Paredes cuyo cadáver fue encontrado el 25 de mayo de 1999 en un inmueble ubicado en la 3ª. calle 8-24, colonia Terrazas, zona 8 de Villa Nueva. El adolescente fue secuestrado durante 23 dí­as. Según los archivos de prensa, en ese caso habrí­a estado involucrada la entonces conviviente del «Gordo Paredes», Judith Alvarenga, alias la «Tarántula», cuyo cadáver fue encontrado posteriormente.

¿Negocio?

El entonces comisionado de la CICIG volvió a enviar un mensaje cuando reveló, aquella fecha, la segunda posible hipótesis sobre el asesinato de Rivera.

«He dicho que la orden de asesinarlo surge de la situación concreta del hijo de Paredes, de lo que parece que Paredes podrí­a culpar a Rivera, y éste (Paredes) espera años hasta poder tomar venganza», dice, y agrega: «o podrí­a ser de una actividad conjunta que salió mal y que en esta clase de negocios ustedes saben que se paga con la vida».

El jurista español añadió que ambas ideas son sólo «posibilidades» que hasta ahora analiza la fiscalí­a y añadió que estas se basan en las declaraciones de testigos protegidos que son conocidos por el Juzgado contralor de las investigaciones: «el dí­a que lo tengamos claro (el motivo) lo vamos a decir», finalizó.

Perfiles

Según publicaciones internacionales el asesor en materia de seguridad de Guatemala, Ví­ctor Rivera, tení­a un perfil relacionado con cuerpos de inteligencia tanto en El Salvador como en Venezuela, su paí­s de origen.

La publicación denominada: «Arrestan en Guatemala a cinco cómplices de Posada Carriles acusados de asesinato», firmada por el periodista Jean-Guy Allard y publicada en la página de Canal Telesur como una «opinión alternativa», describe una serie de ví­nculos que Rivera habrí­a tenido con grupos de poder paralelo.

La nota señala que en 1986, La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) «lo colocó entre los asesores venezolanos que controlaban oficialmente entonces la Policí­a Nacional (PN) salvadoreña». Entonces Rivera se hizo llamar «»Zacarí­as»».

Según las propias palabras de Rivera en una entrevista a un medio local, éste llegó a San Salvador «a finales de 1982 y principios del 83», luego de abandonar la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) venezolana.

«Encabezó luego el contingente de asesores policí­acos procedentes de Venezuela y enviados por la CIA, que desarrollo lo que él mismo llamó un «»esfuerzo de asesoramiento»» de los organismos de seguridad pública, creando unos grupos de «ejecución extrajudicial», cita el artí­culo.

Rivera, continúa la publicación, salió de El Salvador luego de un escándalo relacionado con el intento de encubrir a policí­as implicados en el asesinato de un estudiante, y viajó hacia Guatemala donde llegó a asesorar al Gabinete de Seguridad del presidente ílvaro Arzú «por recomendación del ministro salvadoreño de Seguridad Hugo Barrera».

En 2008, investigó el homicidio de tres parlamentarios salvadoreños y su conductor y fue, según consta en unos videos que fueron entregados a la Fiscalí­a de Delitos Contra la Vida, entonces a cargo del ex fiscal ílvaro Matus, el primero que tuvo acceso a los policí­as que ejecutaron a los parlamentarios.

Los policí­as, quienes eran presuntamente los autores materiales del crimen contra los diputados salvadoreños, fueron asesinados el 25 de febrero de 2008 en la cárcel de El Boquerón. El crimen cuenta con dos hipótesis: la primera y oficial fue que un grupo de pandilleros de esa prisión se amotinó para asesinarlos, y la segunda: el ingreso de un comando armado que entró al penal para ejecutar a los ex agentes.

Rivera fue destituido como asesor de Gobernación el 1 de abril de 2008 por el presidente ílvaro Colom, posteriormente fue asesinado mientras se conducí­a en su vehí­culo por la zona 15.

«Efectivo»

Adela de Torrebiarte, ex ministra de Gobernación y directora de Madres Angustiadas, citó en recientes declaraciones respecto a Rivera y a la hipótesis de la CICIG: «Ví­ctor, a quien conocimos durante años por su apoyo a Madres Angustiadas, era profesional, recto y honrado, incapaz de tomar un centavo».

La ex funcionara también refirió que el ex asesor de Gobernación laboró muy cerca de ella y el grupo que actualmente dirige; sin embargo, hizo hincapié en que la hipótesis más fuerte planteada por Castresana carecí­a de sentido y de fundamento.

Eleonora Muralles, integrante de la organización Familiares y Amigos contra la delincuencia y el Secuestro (FADS), manifestó que esa instancia no ha analizado las hipótesis planteadas por el entonces jefe de la CICIG sobre el crimen de Rivera.

Sin embargo, la entrevistada citó: «lo que le podrí­a decir es que nosotros esperarí­amos que la CICIG no haga una presentación superficial del caso, que profundice que presente las pruebas y que se lleve a juicio a los responsables para que se aclare qué pasó y qué responsabilidades hay en cada involucrado en ese crimen».

Muralles añade que la unidad que Rivera presidió durante años en Gobernación trabajó muy de cerca con ví­ctimas de secuestro y extorsión: «lo que sí­ le puedo decir es que el trabajo en ese sentido siempre fue efectivo», comenta.

«No vale la pena hacer suposiciones de quién cree o qué piensa sobre el investigador Rivera, yo no le podrí­a decir si es culpable o no», comentó Muralles refiriéndose al hoy fallecido.

La entrevistada agregó finalmente que cualquier asesinato en el paí­s debiera ser investigado hasta las últimas consecuencias: «no hay una razón que justifique una muerte, aquí­ no podemos disculpar ninguna muerte y que se investigue a los responsables no importa quién sea, en este caso fue un personaje comprometido con su trabajo, pero debe investigarse. No podemos justificar una muerte por mala que sea una persona», dice.

«Nebuloso»

Iduvina Hernández, analista de Seguridad en Democracia (Sedem), consideró que el planteamiento de varias hipótesis efectuado por la CICIG parece «técnicamente aceptable», ya que no anticipan un encasillamiento de la situación en un sentido único sino se le presentan con los primeros resultados de las investigaciones sobre los que intentan avanzar.

«Primero tenemos la posibilidad de que esta persona haya estado vinculado en algún sentido orgánico con estas estructuras o que haya sido objeto de una venganza por no haber completado un trabajo para el que habí­a sido contratado con los resultados que se manifestaron», comenta respecto a la primera hipótesis.

Sin embargo la experta en materia de seguridad añade sobre Rivera: «Lo que se evidencia con esos datos es que no haya echado mano del dinero de la liberación de Gary Castañeda, que es el caso que se le vincula con el Gordo Paredes, sino otro tipo de vinculación, ¿por qué?, porque se moví­a en un mundo bastante nebuloso», apoyando la segunda versión.

Para Hernández es «muy difí­cil pensar que no haya podido terminar, por las razones que fuera, vinculado en ese entorno», por lo que considera correcto es que se planteen hipótesis y que haya la disponibilidad de creer aceptar una investigación que cientí­ficamente deberá ser «irrefutable».

Sobre las publicaciones a las que hace referencia este reportaje, la analista apuntó que «por las caracterí­sticas en las que funcionaba esa estructura: sin control y sin la obligación de rendir cuentas, creo que las investigaciones pueden tener un fundamento que debe ser documentada en el proceso de investigación».

La analista añade que la estructura que operó durante el mando del ex ministro de Gobernación durante el perí­odo de í“scar Berger, Carlos Vielmann, fue vinculada con la ejecución de los cuatro policí­as en el interior de la cárcel de El Boquerón implicados en el asesinato de los tres diputados salvadoreños y su piloto,: «es dable que haya sospechas o señalamientos en otro tipo de análisis probablemente más que investigaciones», apunta.