Los sobrevivientes de una masacre dieron la espalda a un acuerdo que tenían con el Estado, ya que éste no cumplió con su parte, sobre todo en materia de la persecución penal de los responsables.
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La CSJ y la CC fueron señaladas como las principales responsables del «retraso malicioso» en las investigaciones de la masacre ocurrida en el parcelamiento Dos Erres, del municipio de la Libertad, Petén, en 1982, durante el conflicto armado interno.
Los familiares y sobrevivientes de las víctimas de la masacre cometida por miembros del Ejército se retiraron del acuerdo de solución amistosa al que se había llegado con el Estado de Guatemala en 2000, cuatro años después que el mismo fuera elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1996).
Marcela Martino, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo que debido al incumplimiento de aplicación de la justicia que hizo el Estado decidieron retirarse del convenio.
MANIPULACIí“N
El largo proceso se inició en 1994 a raíz de una denuncia de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua); se ha topado con varios obstáculos que han generado un retardo en su resolución en los tribunales de justicia.
í‰dgar Pérez, abogado litigante del caso, dijo que desde el 2000, cuando se ordenó la captura de los 18 sindicados como autores materiales del delito, inicia una extensa lista de recursos de amparo interpuestos por la defensa de los señalados. Hasta la fecha, se han presentado al menos 35 recursos.
«Estos antecedentes dejan sin ninguna duda que hay una complicidad en la estrategia entorpecedora de la defensa y el sistema de justicia, en materia de amparos. Todas las salas de apelaciones de la capital, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) son responsables del retraso malicioso», aseguró Pérez.
A criterio del jurista, este es uno de los pocos procesos penales que tiene la mayor cantidad de indicios y evidencias visibles en los casos de masacre cometidas durante el conflicto armado.
Entre los indicios mencionó las osamentas recuperadas, la declaración de dos niños testigos sobrevivientes y dos ex kaibiles que participaron en la ejecución.
DEMANDA
En julio último, la Comisión Interamericana demandó al Estado de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El informe de la parte acusadora fue presentada el 12 de noviembre último y el primer alegato se efectuó ayer.
Ruth del Valle, comisionada presidencial de Derechos Humanos, dijo que el Estado debe presentar un informe escrito a la CIDH el 11 de enero de 2009 y luego esperar fecha para su primera citación.