Los miles de desaparecidos que dejó la guerra interna en Guatemala no tuvieron el derecho de un juicio justo, aseveró la directora de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FAMDEGUA), Aura Farfán, en el reconocimiento de dos víctimas de desaparición forzada, según consta en el diario militar que vio la luz en 1999, por el National Security Service.
Recientemente familiares de ex militares que enfrentan a la justicia por masacres y desapariciones forzadas, salieron a las calles para pedir el cese de la persecución judicial contra ex miembros de las fuerzas armadas; el ex jefe de estado, í“scar Mejía Víctores y el general retirado, Héctor Mario López Fuentes figuran entre los acusados.
Farfán señaló que “todos los guatemaltecos tenemos el derecho de expresión†y el derecho de saber la verdad; sí ellos tienen pruebas deben aportarlas a donde corresponde como lo hemos hecho nosotros, con el hallazgo de cementerios clandestinos que ahorita están rindiendo sus frutos, indicó.
No obstante, la directora de FAMDEGUA manifestó que las víctimas de desaparición forzada no tuvieron derecho a un juicio justo como si lo tienen los ex militares que han comparecido ante los tribunales; a nuestros familiares los sacaron de sus casas o fueron capturados en sus lugares de trabajo, indicó.
Una exhumación promovida por la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) en el antiguo destacamento militar de Comalapa, Chimaltenango, en el 2003, permitió el hallazgo de 220 osamentas, entre las cuales estaban los restos de Amancio Samuel Villatoro y Sergio Saúl Linares, únicas víctimas identificadas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala cuyo resultado se hizo público este martes.
Feliciano Macario, encargada de exhumaciones en CONAVIGUA, señaló que el país está lleno de cementerios clandestinos; fueron más de 200 mil personas masacradas y desaparecidas durante la guerra.
A decir de Macario, a través del trabajo que realizan dan a conocer a las futuras generaciones sobre las atrocidades que se cometieron desde el Estado, masacres y desapariciones forzadas, y buscan dignificar la memoria de sus familiares asesinados y lograr tranquilidad para las sobrevivientes.
La activista de derechos humanos indicó que después de la firma de la paz se abrió la oportunidad de reconstruir el tejido social que necesita el país; para ello se necesita del esclarecimiento histórico, saber qué pasó con los desaparecidos, dijo.
No estamos buscando confrontaciones ni venganza, solo queremos encontrar a nuestros seres queridos, cuya búsqueda en algunos casos ha llevado más de 20 años, puntualizó Macario.