Las noticias de prensa y los informes mediáticos sobre la corrupción en Guatemala son espeluznantes. Tan sólo el día de ayer aparecieron sendos reportajes en los matutinos sobre los movimientos irregulares en Fonapaz, mientras que su principal jerarca pide al Ministerio de Finanzas Q1,000 millones en bonos para saldar cuentas atrasadas. ¡Qué surrealismo!
Los medios de prensa entrevistan a fiscales, magistrados y expertos de la sociedad civil en temas de transparencia y las soluciones suelen ser las mismas: endurecer las leyes, poner más candados y reformar el Código Penal, así como aprobar de manera urgente la Ley Anticorrupción.
Particularmente sostengo que si bien tales panaceas puedan ser necesarias, no son suficientes, pues el origen de los males está en el plano de lo cultural, de lo moral y particularmente en el funcionamiento de los partidos políticos de turno y en el manejo empresarial de ciertos negocios espurios.
De acuerdo a una brillante investigación para el caso mexicano, dirigida por Claudio Lomnitz, que lleva como título “Vicios Públicos, Virtudes Privadas”, “el sistema finalmente ha hecho metástasis”; es decir, ha invadido con cáncer todas las instituciones y todos los quehaceres de la vida social.
Lomnitz aborda el problema desde el punto de vista de “Corrupción y Sociedad”, y así se llamó el seminario, realizado en la Universidad de Chicago, de donde salieron las grandes pensadas del libro que bajo el título que lleva este artículo se publicó en el 2000.
De acuerdo con uno de los expertos invitados, para tipificar la corrupción, hay que enfocarse en los dominios jurídicos, de mercado y político. Y me pregunto yo ¿Por qué en Guatemala se aborda únicamente el de tipo jurídico y se olvida el tema de los pseudoempresarios que negocian con la corrupción y se soslaya a menudo el dominio de lo político?
Como nos lo indica el libro de Lomnitz, estos dominios no se excluyen entre sí, precisamente porque la corrupción es ante todo una categoría cultural que forma parte del discurso político común e incluso del sentido común. En la mayor parte de los casos, la noción de corrupción implica complicidad, discreción o secreto. Y si no mirémoslo con los recientes casos paradigmáticos que ilustra la prensa:
Sale a la palestra el “financista de campaña”. Como las reglamentaciones presupuestarias prescriben que la “inversión pública es obra gris”, normalmente aparecerá un ingeniero civil o arquitecto; o un “semigüizache” de tales profesiones. Este pulula en todos los partidos políticos y comienza a pujar más fuerte luego de la primera vuelta electoral.
Este “ingenierito”, o aprendiz de maestro de obras, se las “ingenia” para constituir primero las ONG “chafas”, vinculadas a empresas de cartón. Y qué mejor si realiza conexiones con el Junior del cabezón en Fonapaz, en Caminos o Covial, o bien en el Fondo de Solidaridad, en algunos Codedes y por supuesto en las alcaldías.
Y entonces la conexión perfecta: familias enteras, incluyendo esposas, novias y hasta entenados; las conexiones políticas, el aprovechamiento de entuertos en las contrataciones y adquisiciones, la monopolización de los procesos y Voilá,: los millones entran y la repartidera de pisto comienza.
Y mientras tanto los quijotescos miembros de la sociedad civil y organizaciones de transparencia, en los quebraderos de cabeza para imponer sanciones y candados legales, mientras que la dialéctica de la corrupción va en fórmula UNO, y nosotros caminando en carreta de bueyes.