A solicitud del diputado Alfredo de León Zolano de la bancada Movimiento Amplio de Izquierda, Maiz, la viceministra de Gobernación, Ilse ílvarez, acudió para informar en torno a los acontecimientos registrados el domingo 14 de enero pasado, cuando agentes de la Policí­a Nacional Civil agredieron a dirigentes sindicales que trataban de ingresar al Congreso, ocasión en la cual el presidente de la República, í“scar Berger, entregarí­a el informe de su tercer año de gobierno.

La funcionaria de Gobernación, que acudió en lugar del titular Carlos Vielmann quien se excusó argumentando una reunión con el mandatario, dijo que en lo que respecta a las intervenciones telefónicas para evitar que bandas del crimen organizado puedan desestabilizar las acciones de empresas bancarias, no viola la Constitución, pues ésto ha sido normado para ser aplicado en esta clase de investigaciones.

Además la funcionaria entregó al diputado de León, una serie de documentos que contienen lo actuado hasta el momento en torno a la investigación por el crimen del secretario general del sindicato de trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal, Escuintla, Pedro Zamora ílvarez.

El secretario general adjunto del sindicato Arturo Granados Hernández, informó que en horas de la mañana del próximo miércoles acudirán a las oficinas centrales de la Empresa Portuaria Quetzal, ubicadas en la ciudad capital donde conversarán con las autoridades a cerca del pacto colectivo de condiciones de trabajo, que está próximo a ser aprobado.

En torno a la situación de la familia de Zamora, el dirigente sindical agregó que al momento esperan la identificación y captura de los responsables así­ como en el avance de las investigaciones para posteriormente constituirse como querellantes adhesivos en el proceso judicial.

Al final de la reunión, el diputado de León consideró que hace falta de efectividad por parte de las autoridades policí­acas en la investigación por la muerte del dirigente sindical, además de violación de la Constitución en lo que respecta a la posibilidad de intervenir las llamadas telefónicas para tratar de establecer el actuar de bandas del crimen organizado en los problemas bancarios.