La Corte de Constitucionalidad rechazó el 5 de marzo pasado la apelación que planteó Efraí­n Rí­os Montt en contra de la resolución que dio luz verde a la desclasificación de los Planes Militares; los cuales serán utilizados como prueba en el proceso abierto por genocidio en Guatemala.

Tras el anterior fallo, el Ministerio de la Defensa debe hacer entrega de los archivos castrenses al Ministerio Público (MP) y a los terceros interesados dentro del proceso.

Juan Francisco Soto, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), refirió que la resolución de la CC, «abre el camino para que el MP tenga acceso a esos documentos y eso va a servir para las investigaciones que se están llevando por genocidio contra los altos mandos militares de 1982 a 1983», enfatizó.

Los archivos que el Ministerio de la Defensa Nacional tendrá que entregar al MP una vez quede firme la resolución son: Plan Campaña Victoria 82, Plan Sofí­a, Operación Ixil y Plan Firmeza 83.

Defensa

Francisco Palomo, abogado defensor de Rí­os Montt, declaró que «la CC estimó con ese fallo que hay que mostrar los archivos, pero nosotros siempre hemos sostenido que no se pueden mostrar por ser secreto de Estado».

Palomo añadió que el Presidente de la República como Comandante General del Ejército ofreció la desclasificación de los mismos, pero no consideró que las declaraciones vertidas por el mandatario en febrero último hayan influido en el fallo de la CC.

El jurista expresó que su cliente «no tiene ningún problema ni temor respecto a que los documentos se publiciten porque no van encontrar en ellos ningún ilí­cito cometido por él (Rí­os Montt)», declaró.

Palomo dijo finalmente que el fallo último dice que «hay documentos secretos» por lo que interpusieron un nuevo recurso de aclaración «para que no haya duda en cuanto a la legalidad o no de los archivos», manifestó.

Pruebas contra genocidio

Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, consideró que los citados documentos «no deberí­an estar restringidos al conocimiento público porque no existen antecedentes de seguridad o requerimientos de orden diplomático para ello», expresó.

Para el abogado la desclasificación de los archivos dejan un precedente jurí­dico, ya es así­ como van argumentándose los casos y añadió que el interés es tanto para la ciudadaní­a como para las instituciones.

Morales añadió finalmente que los documentos fueron propuestos como prueba para crear los indicios que demuestren la responsabilidad del Ejército y del Estado en los crí­menes de lesa humanidad: «fueron requeridos para aportar un sustento jurí­dico que servirí­a para ordenar detenciones y continuar con el procedimiento en Guatemala».

«El MP tendrá que valorar si hay suficientes indicios para ordenar detenciones y continuar con el proceso en contra de los militares implicados», subrayó el entrevistado.