El experto recordó el duro proceso que vivió durante la preparación del mismo. Una de las vivencias que más le impactó fue haber presenciado una exhumación en un municipio de Alta Verapaz.

Estuvo en Guatemala desde 1993 como Relator para la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante 22 meses, a partir de 1997, coordinó la elaboración del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en conjunto con Alfredo Balsells Tojo (fallecido) y Otilia Lux.

Christian Toumuchat es actualmente profesor de Derecho Público y Derecho Internacional en la Universidad Humboldt de Berlí­n, en Alemania. A diez años después de haber presentado el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), estuvo en el paí­s, para participar de los actos organizados por el actual gobierno en conmemoración de la efeméride.

«Vi cosas muy duras. Recuerdo sobre todo cuando asistí­ a una exhumación de una fosa común en Panzós, Alta Verapaz. Ver a los familiares, los restos de los cadáveres en una fosa común; uno sufre, no es algo que te deja sin emociones, son emociones muy profundas que te afectan», rememoró.

Toumuchat conversó sobre la percepción que tuvo durante su estancia una semana en el paí­s, ya que durante los diez años que han transcurrido desde que el informe se dio a conocer públicamente, estuvo un tanto lejano.

A continuación un extracto de la conversación que sostuvimos con el experto.

Pregunta: ¿Cuál es el balance que hace del cumplimiento de las recomendaciones de la CEH, a diez años de haberse presentado?

Respuesta: Creo que hay sectores donde se ha hecho poco, sobre todo en la persecución penal de los criminales responsables de las violaciones durante 36 años de guerra.

Nosotros recomendamos que se procesaran las personas clave de genocidio y otras atrocidades, pero la Fiscalí­a ha estado bastante lenta y no tiene mucha iniciativa para adelantar; luego de 10 años no sabemos si todaví­a puede hacer algo, porque las pruebas se pierden en el transcurso de los años.

Es realmente una de las deficiencias mayores, en cuanto a las recomendaciones que hicimos.

(…) Durante muchos años fue bastante difí­cil avanzar principalmente en los gobiernos de (Alfonso) Portillo y (ílvaro) Arzú, porque no tení­an mucho interés en cumplir con las recomendaciones.

P.: ¿Cuán válidas siguen siendo las recomendaciones en el contexto actual del paí­s?

R.: Son muy pertinentes. Guatemala tiene problemas como el narcotráfico, inseguridad, delincuencia común, que son problemas que los ciudadanos tienen que enfrentar cada dí­a, por lo que creo que hay muchos que quizá no tienen interés en el conflicto armado.

Hoy dí­a tenemos otros problemas que pueden considerarse más urgentes y muchos piensan que el pasado es el pasado por lo que hay que mirar para el futuro.

Creo que hay esta opinión en Guatemala, pero mucho de la situación actual se puede explicar como consecuencia del enfrentamiento armado, por lo que tiene pertinencia, la situación no ha perdido su posición central en la vida de la nación.

P.: ¿Considera que es posible la recuperación de la memoria histórica y la reconstrucción del tejido social en el paí­s?

R.: Es posible, la parte de la nación responsable tiene que asumir plenamente la responsabilidad, tiene que reconocer que si se cometieron atrocidades se debe dar la certidumbre a la población de que estos hechos no van a repetirse en el paí­s.

Se debe construir una sociedad democrática que respete los derechos humanos, el principio de igualdad de los seres humanos. En este campo hay que avanzar y deshacerse de los sentimientos de racismo que todaví­a pueden existir en Guatemala.

Se debe iniciar una nueva etapa en la vida de la nación, la no discriminación es esencial para el desarrollo de la nación.

P.: ¿Cuán necesaria sigue siendo la implementación de una polí­tica de exhumaciones y de localización de cementerios clandestinos?

R.: Es muy importante. No puede haber justificación para negar a los que piden las exhumaciones y para que las ví­ctimas reciban una sepultura de acuerdo a sus creencias religiosas. No hay ninguna razón para oponerse a eso y deberí­a ser una polí­tica de Estado.

P.: En el Congreso de la República hay una iniciativa de ley que busca crear una comisión nacional para la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto, empero no avanza ¿qué relevancia tiene la creación de este ente, teniendo en cuenta que durante la guerra se estima que fueron detenidas y desaparecidas unas 45 mil personas?

R.: Esto depende de la necesidad. Hay mucha falta de información sobre esto. Si hay tanta oscuridad, es útil establecer una comisión de este tipo.

Creo que realmente es necesaria porque la suerte de muchos desaparecidos quedó pendiente, hay mucha gente que no sabe nada sobre cómo perecieron sus hijos, padres y otros familiares, por lo tanto, a mi primer juicio, sin tener mayor información, serí­a una buena idea crearla, pero la misma debe tener las herramientas que se necesitan para que pueda hacer un trabajo efectivo.

P.: La CEH recomendó la creación de una comisión para que se examinara la conducta de oficiales del Ejército y de oficiales de diversos cuerpos de las fuerzas de seguridad que estuvieron en los altos mandos durante el conflicto armado ¿qué opinión le merece que no se implementara?

R.: Es lamentable. Es una recomendación absolutamente necesaria, porque aquellos que dieron órdenes de masacrar, destruir aldeas mayas y cometer atrocidades no deberí­an servir en un aparato del Estado.

Creo que hay gente válida en el Ejército, pero serí­a bueno para la institución depurarla y deshacerse de esos oficiales que realmente han impuesto tanto sufrimiento al pueblo y que no han mostrado respeto por los derechos humanos.

Quizá ha habido presiones por parte del Ejército, pero en un gobierno democrático liderado por un civil, los militares están bajo las órdenes del gobierno, entonces no deben ser los militares quienes comandan en el Estado.

Creo que es lamentable y afecta la depuración de todo el Ejército, porque si se hubiese hecho (la depuración), el Ejército tendrí­a otra reputación, quizá serí­a una institución respetada.

En la institución todaví­a siguen sirviendo personas con un récord tan criminal, que los ciudadanos la ven como una amenaza a su seguridad personal.

P.: Organizaciones sociales que trabajan con mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado interno han manifestado que en las recomendaciones de la CEH no se incluyeron aspectos relacionados con el tema ¿por qué sucedió así­?

R.: No me consta que haya una laguna en el informe en ese sentido, hay recomendaciones para que se ayude a las ví­ctimas. No me consta que haya algo que falte en el informe y no sé por qué esto no fue mencionado especí­ficamente.

La recuperación a las mujeres que sufrieron atropellos a su integridad fí­sica está incluido en las recomendaciones generales. No me consta que hayamos decidido omitirlo porque lo consideramos superfluo, es algo que por primera vez escucho.

P.: ¿Qué papel ha desempeñado la sociedad civil organizada en el cumplimiento de las recomendaciones?

R.: La implementación de la CEH fue el resultado de presiones de la sociedad civil porque ni el gobierno ni la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) tení­an mucho interés en tener una comisión de verdad y fue la sociedad civil organizada quien la empujó.

Creo que ha trabajado durante estos diez años, pero con qué éxito, en qué medida tiene influencia real en la vida polí­tica es algo que no le puedo asegurar, por la poca información que tengo.