Un veto parcial de la presidenta Cristina Kirchner a una ley que suspendía tributos a exportaciones de alimentos en zonas afectadas por la sequía reavivó hoy el conflicto con las patronales agrarias argentinas, que amenazan con retomar las protestas de 2008.
Estimaciones bursátiles indican que este año habrá una abrupta caída de 9.500 millones de dólares a 6 mil millones de dólares en los ingresos fiscales por impuestos a las exportaciones de granos y derivados, lo que obligaría al gobierno a endurecer su política impositiva o al menos a mantenerla.
Las exportaciones de materias y primas y manufacturas del agro bajarían, a su vez, en forma interanual, de unos 35 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares, aunque las cifras privadas son estimativas mientras el gobierno las retacea.
La mandataria vetó un artículo de la ley de Emergencia Agropecuaria aprobada la semana pasada por el Congreso para suspender por 180 días pagos de derechos de exportación en 37 distritos de la provincia de Buenos Aires (centro-este), el corazón productivo de la soja en esta potencia agrícola.
«A partir de este veto, una actitud autoritaria y casi monárquica, nos acercamos a una situación de protesta», dijo Eduardo Buzzi, uno de los líderes de la protesta rural contra los tributos a las ventas externas de soja, que puso en vilo al país en 2008.
Los bloques oficialistas del Congreso argumentaron haber aprobado el artículo por error, sin haber leído a fondo el texto.
Otro dirigente agrario, Hugo Biolcatti, señaló que las patronales rurales se reunirán en las próximas horas para definir nuevas medidas de fuerza en rechazo al veto, y no desestimó una nueva huelga.
Pero el ministro de Economía, Amado Boudou, justificó la decisión presidencial al advertir que el artículo en cuestión podría abrir la puerta a maniobras «extrañas» en el sector exportador.
«Lo correcto desde la técnica y la realidad económica es que una zona que entra en desastre (por sequía) tenga un tratamiento diferencial en materia de impuestos a la producción y no a la exportación. (El artículo vetado) podía prestarse a una maniobra extraña, como que se produzca en un lado y se exporte por otro», dijo Boudou.
La emergencia agropecuaria convertida en ley el pasado jueves asigna fondos por 130 millones de dólares para paliar la sequía en el país, entre otros puntos, que se mantienen vigentes.
La ley se votó en medio de una maratónica sesión en la que el oficialismo aprobó la prorrogación por un año de la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, entre ellas la de fijar los impuestos a las exportaciones agrícolas.
Las patronales agrarias reclaman a Kirchner una reducción de la tasa de exportación de la soja de 35% a por lo menos 20% ó 15%, a la vez que demandan eliminar las alícuotas de trigo, maíz y girasol, de 23% en promedio.
Pero el gobierno necesita los impuestos que aporta el agro, que contribuye en 14% a los ingresos fiscales de Argentina, que están en caída a raíz de la crisis económica mundial.
Argentina es el tercer exportador mundial de soja, detrás de Estados Unidos y Brasil, y se estima que este año la leguminosa llegará a ocupar allí casi el 70% de la superficie sembrada.