Recientemente el gobierno de Argentina, encabezado por Cristina Fernández, declaró la antigua sede de la Escuela Mecánica Armada (ESMA) como un monumento a las ví­ctimas de secuestro, tortura, violación, desaparición y asesinato durante la dictadura militar. La ESMA fue uno de los principales centros de detención y tortura del paí­s sudamericano y en él, miles de personas que integraban los sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones revolucionarias, fueron castigadas por plantear la posibilidad de construir otro tipo de sociedad.

A más de treinta años del golpe de Estado en Argentina el sistema judicial ha juzgado a varios militares represores por varios delitos cometidos durante la dictadura. La decisión polí­tica del Gobierno de apoyar este tipo de procesos ha significado una verdadera reparación para las ví­ctimas y sus familiares. Una prueba de ello fueron los aplausos que Fernández recibió, de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el dí­a que tomó posesión de la Presidencia. En Uruguay y en Chile la situación es parecida; en esas latitudes muchos crí­menes no quedaron en la impunidad.

Acá en Guatemala el panorama es distinto y bastante desalentador. La mordaza que pusieron algunos sectores hace algunas décadas a través de la financiación de la represión militar en contra de la población, es la misma que ahora tratan de imponer ante cualquier esfuerzo por recuperar la memoria histórica.

Cuando el presidente de nuestro paí­s ordenó abrir varios archivos militares para esclarecer las responsabilidades de los crí­menes cometidos durante el conflicto armado interno, la cúpula militar volvió con la cantaleta del «secreto de Estado» para negarse a cumplir con la disposición. Fue necesaria una orden de juez y una resolución de la Corte de Constitucionalidad para que las autoridades de la institución castrense por fin entendieran que la cosa iba en serio. Ahora, nos quieren hacer creer que dos documentos desaparecieron, especí­ficamente los que contienen el Plan Sofí­a y la Operación Ixil.

La impunidad, además, se fortalece gracias a los grupos que defienden al olvido como el mejor camino para la reconciliación, esos mismos que desprecian el valor de la historia como un instrumento de reflexión para entender el presente y construir nuestro futuro.

ílvaro Colom recibió ya bastante mofa por pedir perdón porque en Guatemala se cometieron delitos de genocidio. Sus declaraciones, sin embargo, son una buena señal para la verdadera reconciliación. Ahora, hace falta evidenciar la voluntad polí­tica del Gobierno para que, acorde a sus posibilidades, se logre acceder a la documentación que esclarezca la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.