El gobierno español salió al cruce hoy de informaciones de prensa sobre la posible naturalización de etarras por parte de Venezuela para evitar su extradición, una decisión que sería «inaceptable» según su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Si esa decisión se hubiera tomado, sería una decisión inaceptable para España, dijo Rubalcaba en Bruselas sobre esa medida, que se referiría a cuatro etarras y que fue difundida el martes por la prensa española.
Según la agencia Vasco Press, el gobierno de Venezuela se comprometió a dar la nacionalidad venezolana a cuatro miembros de la organización separatista armada vasca ETA residentes en ese país para evitar su posible entrega a la justicia española.
Las personas en cuestión son Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Angel Aldana.
En declaraciones al margen de una reunión con sus homólogos europeos, Pérez Rubalcaba aclaró que aún no tenía confirmación oficial sobre esa noticia y que su opinión se basaba en lo que he leído en los periódicos.
En Madrid un portavoz del ministerio español de Asuntos Exteriores que fue consultado al respecto indicó que el gobierno está verificando esas informaciones ante su embajada en Caracas.
De su lado, fuentes judiciales indicaron que hasta el lunes la fiscalía de la Audiencia Nacional no podrá indicar si esos cuatro supuestos miembros de ETA tienen causas pendientes en la justicia española y si se ha pedido su extradición a Venezuela.
La prensa española también afirma que el gobierno de Chávez habría pactado una indemnización para los etarras Sebastián Etxaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza Mendiola por haberlos entregado en 2002 a la justicia española.
Ambos había sido detenidos en 2002 en Venezuela y luego deportados a España, donde fueron juzgados por la Audiencia Nacional, principal instancia penal española.
Alkorta, ex integrante del Comando Vizcaya de ETA, cumple una condena a 95 años de cárcel por tres asesinatos, mientras que Galarza Mendiola quedó en libertad tras purgar prisión durante tres años.
La indemnización sería el resultado de un pacto entre el gobierno venezolano y los abogados de los etarras entregados, que en 2002 presentaron una denuncia contra el Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta deportación ilegítima.
Estas informaciones sobre la posibe naturalización de etarras se suman a una reciente polémica entre las autoridades venezolandas y españolas por la situación del miembro de ETA, Arturo Cubillas, cuya esposa ha sido nombrada directora general de la Dirección del Despacho de la Presidencia de Venezuela.
Cubillas, de 48 años y que formó parte del comando Madrid de ETA, figura en cuatro causas de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española: tres por asesinato y una, que ya prescribió, por daños terroristas.
El pasado 3 de octubre, el ministro venezolano del Interior, Jesse Chacón, negó que se haya recibido alguna solicitud por ese ciudadano español, que llegó a Caracas junto con otros diez etarras en 1989 procedente de Argel en el marco de un acuerdo entre España, Venezuela y Argelia.
EVITARíAN EXTRADICIí“N
El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez podría nacionalizar a cuatro etarras para evitar su posible extradición a España y habría decidido otorgar una indemnización a otros dos entregados en 2002 a la justicia española, afirma el martes la prensa española.
Según la agencia Vasco Press, el gobierno de Venezuela se comprometió a dar la nacionalidad venezolana a cuatro miembros de la organización separatista armada vasca ETA residentes en ese país para evitar su posible entrega a la justicia española.
Un portavoz del ministerio español de Asuntos Exteriores consultado al respecto indicó que el gobierno está verificando esas informaciones ante su embajada en Caracas.
Se trata de Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Angel Aldana.
Fuentes judiciales no estaban aún en condiciones de confirmar si sobre estos cuatro supuestos miembros de ETA pesa o no un pedido de extradición a España.
La prensa española también afirma que el gobierno de Chávez habría pactado una indemnización para los etarras Sebastián Etxaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza Mendiola por haberlos entregado en 2002 a la justicia española.
Ambos había sido detenidos en 2002 en Venezuela y luego deportados a España, donde fueron juzgados por la Audiencia Nacional, principal instancia penal española.
Alkorta, ex integrante del Comando Vizcaya de ETA, cumple una condena a 95 años de cárcel por tres asesinatos, mientras que Galarza Mendiola quedó en libertad tras purgar prisión durante tres años.
La indemnización sería el resultado de un pacto entre el ejecutivo venezolano y los abogados de los etarras entregados que en 2002 presentaron una denuncia contra el Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta deportación ilegítima.
El secretario de Organización del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Blanco, consideró el martes en declaraciones a una radio española que los cuatro etarras deberían pasar a disposición de la justicia española en el caso de que estén perseguidos por la comisión de un delito.
EXTRADICIí“N DE FRANCIA
España pedirá a Francia la extradición de cinco de los seis presuntos miembros de la organización separatista armada vasca ETA detenidos la semana pasada en el sureste y centro del vecino país, indicaron el martes fuentes judiciales.
La fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, emitirá una euro-orden solicitando a Francia la extradición de cinco etarras detenidos el miércoles y sábado pasados en dos localidades de ese país, precisaron las mismas fuentes.
Las fuentes no precisaron las causas por las cuales se pedirá la extradición de los cinco detenidos.
Se trata de Zigor Garro Pérez, considerado actual responsable del aparato logístico de ETA, y de su novia Marina Bernadó Bonada, detenidos el pasado miércoles en la localidad de Quezac, en la región de Languedoc-Roussillon (sur), a unos 250 km de la frontera con España.
Junto a ellos fue detenido Ekain Mendizábal Múgica, cuya extradición no será requerida por no tener causas pendientes en España, puntualizaron las fuentes judiciales españolas.
Los otros tres supuestos etarras detenidos en Francia el sábado último son: Borja Gutiérrez Elordui, Eneko Bilbao Aresti y Zorian Zalzamendi Abad. Los tres fueron detenidos en Labesserette, a 20 km de Aurillac, en la región de Cantal (centro).