La decisión del presidente venezolano Hugo Chávez de no renovar la concesión a una cadena televisiva, puso por tercera ocasión consecutiva a Venezuela en el centro de las discusiones de la OEA, que celebró esta semana su 37 Asamblea General en Panamá.
Los debates de cancilleres y representantes de los 34 países miembros de la OEA comenzaron el lunes, enfocados en «la energía para el desarrollo sostenible». Pero el tema central pasó rápidamente a un segundo plano ese día ni bien llegó la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice.
Menos de una hora después de aterrizar en Panamá, Rice habló en la OEA y pidió al secretario general de la organización José Miguel Insulza que organizara una misión para investigar en Venezuela la decisión del presidente Hugo Chávez de no renovar la concesión a la cadena televisiva RCTV, que dejó de emitir en frecuencia abierta el 28 de mayo.
«Instamos al secretario general a viajar a Venezuela para consultar, de buena fe, a todas las partes interesadas y presentar un informe completo a los cancilleres mediante el Consejo Permanente» de la OEA, pidió.
La respuesta venezolana no tardó.
El canciller Nicolás Maduro denunció «un intervencionismo inaceptable en los asuntos internos de una república democrática, soberana». «Lo rechazamos», enfatizó.
El debate no acabó allí, y mientras Maduro pedía «una comisión especial para estudiar la violación diaria de derechos humanos en las fronteras» del sur de Estados Unidos y recordaba las denuncias de violaciones a los derechos humanos en la prisión estadounidense de Guantánamo, en Cuba, Rice le lanzaba su definición de democracia.
«En cualquier asunto, estoy segura de que será difícil para cualquier comisión debatir, investigar y criticar más las políticas de Estados Unidos, de lo que se hace cada noche en CNN, ABC, CBS, NBC y en varios canales estadounidenses más pequeños», respondió Rice.
«Esto es democracia (…) que los ciudadanos de un país tengan la garantía de que las políticas de su gobierno pueden ser sometidas a la crítica de una prensa libre e independiente, sin interferencias del gobierno», afirmó, y acto seguido abandonó la sala sin escuchar la réplica del canciller venezolano.
En la conferencia de prensa de cierre de la reunión, Insulza prácticamente descartó la posibilidad de concretar el pedido de Rice, explicando que en virtud del artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana citado por la funcionaria para justificar su petición, él necesitaría el consentimiento de Venezuela para proceder a una visita.
Se requiere el «consentimiento previo de ese país y por lo que he visto, no lo acepta», sostuvo Insulza, señalando que aún no había conversado con las autoridades venezolanas al respecto y que se guiaba por informaciones de prensa.
El año pasado en la Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, el gobierno de Hugo Chávez protagonizó un fuerte enfrentamiento con Perú, que lo acusaba de «intromisión» en la campaña electoral peruana.
El presidente venezolano había dado su apoyo explícito al a la postre derrotado candidato nacionalista peruano Ollanta Humala en las elecciones celebradas en Perú poco antes de la Asamblea y ganadas por el socialdemócrata Alan García.
Chávez había calificado a García de «embustero, irresponsable y sinvergí¼enza», además de «ladrón y demagogo», y al entonces presidente de Perú, Alejandro Toledo, de «traidor» de los indígenas.
Perú retiró a su embajador en Caracas en tanto que el gobierno venezolano hizo lo propio, pero las relaciones se normalizaron luego de la II Cumbre Sudamericana de Naciones (CSN) en Bolivia en diciembre pasado.
En 2005, en la Asamblea de la OEA en Fort Lauderdale, Florida (sur), Venezuela había intercambiado duras acusaciones con Estados Unidos, luego de que el entonces jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Roger Noriega, señalara a Caracas de apoyar al ahora presidente boliviano Evo Morales en contra del presidente Carlos Mesa, quien renunció a su cargo.
Condoleezza Rice, secretaria de estado de EE.UU.