Diversas organizaciones de la sociedad civil rechazaron la nómina definida de seis aspirantes a Fiscal General por la Comisión de Postulación, luego que se dejara fuera de la contienda a la actual jefa del Ministerio Público Claudia Paz y Paz.
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Activistas coincidieron en que la decisión de los postuladores “honró un pacto por la impunidad”.
La Convergencia por los Derechos Humanos se pronunció al respecto en conferencia de prensa, argumentando que la nómina final de candidatos a Fiscal General respondió a “un pacto por la impunidad” que busca consolidarse en el sistema de justicia, promovido por sectores de poder económico y el crimen organizado.
Asimismo, la agrupación denunció que varios de los elegidos a la nómina tienen sanciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que carecen de experiencia penal y que están vinculados con el Ejecutivo.
Por su parte, el director de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena, reprochó los criterios de calificación de los expedientes de aspirantes durante el proceso, considerado que los mismos no fueron respetados por la Comisión de Postulación, al dejar fuera de la lista a la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz.
“La función de la Postuladora fue promover un proceso que permite estar a gente que después no va a cumplir con la lucha contra la impunidad. En el futuro van a haber tremendos retrocesos en materia de justicia y la lucha contra la impunidad”, dijo Cadena.
En tanto, Jorge Santos del Centro Internacional para las Investigaciones en Derechos Humanos, indicó que una serie de “operadores políticos” influyeron en la decisión final de la Postuladora y exigió al presidente Otto Pérez Molina, garantizar la continuidad de los avances mostrados en el Ministerio Público.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, propuso la posibilidad de hacer vinculantes los resultados de las pruebas realizada por los postulantes en procesos de elección a cargos públicos; para evitar los señalamientos vertidos por diferentes sectores que ponen en duda la imparcialidad de las decisiones de las Comisiones.
“Aquí no cabe el tema de ideologías, es tema de sensatez, cordura, imparcialidad y de cumplimiento de la ley”, expresó el Magistrado de Conciencia.
Finalmente, Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro Justicia, declaró que el rechazo a la inclusión de Paz y Paz tiene raíces políticas e ideológicas y por lo tanto en el momento de la votación final, la calificación se convirtió solo en un referente.
“Están los que no votaron por ella (los comisionados) porque son aliados de los operadores del Gobierno; están los que no votaron por ella porque hay una diferencia abismal política e ideológica entre los comisionados y ella; y finalmente están los que consideraron que su gestión no fue buena”.
Al cierre, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dijo que estar “sorprendida” por las actuaciones de la Postuladora y cuestionó los criterios para calificar la honorabilidad de algunos aspirantes, quienes habían sido señalados por la sociedad civil.