El 13 de octubre próximo, Carlos Enrique Mencos Morales concluirá su gestión de cuatro años como titular de la Contralorí­a General de Cuentas (CGC), pero desde ya, el nombramiento de su sucesor es un tema de interés en los cí­rculos académicos y polí­ticos, que desean incidir sobre el nuevo funcionario y por ende, sobre la Institución que supervisa el manejo de los ansiados fondos públicos del Estado.

El hombre que tiene a su cargo la fiscalización del gasto público, así­ como la probidad, transparencia y honestidad de la administración de los recursos del Estado no pasa desapercibido en los tiempos en que la corrupción es un mal innegable y que se extiende cada dí­a a más oficinas y burós gubernamentales.

De esa cuenta, la conformación de la Comisión de Postulación para elegir al próximo Contralor ya se perfila como una lucha de poderes, entre quienes están interesados en optar al cargo, el partido oficial y los partidos polí­ticos que se preparan para alcanzar cargos públicos en las próximas Elecciones Generales de 2011.

Al respecto, Rosa Marí­a de Frade, diputada de la bancada Guatemala y presidenta de la Comisión Legislativa de Transparencia, lamentó que la influencia polí­tica debilite el cargo del Contralor y que a partir de esta situación «surja la falta de objetividad en el puesto».

«Lo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo, lamentablemente, es que cuando se inician procesos de fiscalización, dependiendo a qué partido polí­tico pertenezca un alcalde, un funcionario, una persona, se acelera o se detienen los procesos de auditorí­a según las preferencias polí­ticas del Contralor», indicó la diputada.

Pero el problema no sólo se da únicamente en las altas esferas de poder; también denuncia compromisos a nivel local. Nineth Montenegro, legisladora de la bancada Encuentro por Guatemala, señaló que «se ha comprobado que muchí­simos auditores de campo han entrado en componendas con alcaldes y gobernadores, y por ello no evidencian los hallazgos que se encuentran».

«Pactan con su silencio a cambio de beneficios», enfatizó Montenegro.

Roxana Baldetti, del bloque Patriota en el Legislativo, también desaprobó el trabajo de fiscalización en la CGC, poniendo de ejemplo las solicitudes que se le hicieron al Contralor en el tema de los programas de Cohesión Social, de los que supuestamente Mencos no ha aportado resultados considerables a la magnitud de la erogación de fondos públicos.

POSTULADORA

Aún faltan alrededor de tres meses para que finalice la gestión de Mencos, pero en el Congreso, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos (Usac) y en los colegios profesionales de economistas y de contadores públicos y auditores ya se están consolidando alianzas y acuerdos para seleccionar a los aspirantes al cargo.

La primera pugna fue resuelta con una consulta a la Corte de Constitucionalidad, que indicó que cada ente colegiado deberá seleccionar el número de representantes, proporcionalmente al número de profesionales que le integran.

Sin embargo, los profesionales todaví­a debaten sobre quiénes deben ocupar los cargos de decisión en la elección de Contralor y ansí­an más poder, para beneficiar a los candidatos de su elección.

De acuerdo con las legisladoras consultadas, el interés por elegir al Contralor surge a partir del poder que tiene este funcionario para garantizar la impunidad a quienes ejercen el poder y hacen un uso inadecuado de los recursos del Estado. Es ese el ví­nculo entre los partidos polí­ticos, académicos y el Contralor.

Quienes buscan elegir a un candidato especí­fico, es porque confí­an en él para que luego pueda encubrir el mal manejo de fondos, señalan.

De esa cuenta, surge la necesidad de fiscalizar el trabajo que realiza la Contralorí­a, a fin de evitar que su labor se politice con los acuerdos y componendas, que surgen previo a la elección del funcionario.

CONTROLAR AL CONTRALOR

«Un problema es el compromiso polí­tico con el cual llega el nuevo jefe de la CGC, porque primero es designado por una Comisión de Postulación que tiene un proceso previo bastante tortuoso y por último es designado por el Congreso de la República», evaluó Montenegro.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, analizó que, aunque no se puede afirmar que la CGC también haya sido permeada por el crimen organizado, como sí­ ha ocurrido en otros entes del Estado, sí­ es vulnerable a ser corrompida por intereses externos, por lo que comparte la idea de hacer una investigación para esclarecer los intereses que giran en torno a esa institución y sus funcionarios.

Surge entonces la pregunta, ¿quién debe controlar al Contralor? Con partidos polí­ticos, profesionales y académicos interesados en incidir sobre el próximo funcionario, la sociedad civil es la última esperanza «sin agenda polí­tica» para realizar ese trabajo

Mack analizó que si la Contralorí­a General de Cuentas (CGC) jugara el verdadero rol, cabe la posibilidad que algunas figuras públicas de ayer y hoy puedan verse afectadas por dudosos movimientos de recursos públicos.

«Es importante que los ciudadanos empecemos a hacer un monitoreo a todos los funcionarios públicos, incluyendo al Contralor. La situación aquí­ se maneja con una tremenda impunidad. Hay un gran cinismo en los actos de corrupción porque la fiscalización es mí­nima, pese a que ese es un rol que debe jugar la Contralorí­a», apuntó Mack.

«Hemos hecho denuncias, pero no se han concluido los procesos de fiscalización y menos de investigación; no se ha hecho el nombramiento del interventor que fue ofrecido por la CGC para el proceso de implementación, desarrollo y funcionamiento del TransUrbano», se quejó De Frade.

Otra debilidad es la falta de reacción de la Contralorí­a cuando hay denuncias de la población sobre mal manejo de fondos, sobre todo cuando las comunidades señalan obra pública pagada, pero no ejecutada, que queda a medias o si es de mala calidad, refirió la parlamentaria.

NORMATIVA

Pero además de la elección del Contralor, hace falta una modificación a la Ley Orgánica de la CGC, refiere De Frade, porque «es oportuno recordar que hay independencia funcional de los auditores que trabajan subordinados».

Además de la fiscalización social, «hay que fortalecer los controles, porque hay una mala calidad de auditores-contralores por los cuales la cabeza máxima del ente no tiene el control total, por ello es necesaria la supervisión», señaló. «Se necesita fiscalización de quienes están fiscalizando».

La iniciativa para reformar la citada ley, debe incluir modificaciones que permitan tener un control fuerte y efectivo de aquellos trabajadores de la Contralorí­a, que realizan auditorí­as concurrentes y en donde se les ubica.

«Muchas veces con una especie de relación ya preestablecida con las autoridades de la institución que están fiscalizando, puede ser que no desarrollan adecuadamente su trabajo. También puede haber una complicidad de los contralores de las auditorias concurrentes», dudó De Frade.

Otro problema que afecta la fiscalización de la CGC, según la parlamentaria, es que no se cuenta con una unidad de auditorí­a fí­sica de las obras.

«Hacen una auditorí­a documental, auditan el contrato, el informe de la empresa supervisora que puede decir que está concluido con las calidades adecuadas, que fue pagado; sin embargo se ha descubierto cómo muchas empresas supervisoras hacen informes que no responden con la realidad», resaltó.

El ente tiene que auditar todas las instituciones del Estado, sean autónomas, centralizadas o descentralizadas, además debe hacer auditorí­as especiales, tiene que trasladar los hallazgos al Tribunal de Cuentas, recordó Nineth Montenegro.

«Hasta hoy nadie ha sido juzgado por una falta o delito; no hay independencia en el Tribunal de Cuentas», dijo De Frade, y al tiempo que agregó: «no importa quién llegue a dirigir la CGC, las cosas no van a variar mucho», aunque Mack confí­a en que la auditorí­a social y de las organizaciones sociales pueden dar un giro importante a la expansión de la corrupción y la lucha contra la corrupción en el Estado.