Según un estudio del Centro de Estudios Rurales, la meta del actual Gobierno de reducción de la desnutrición en un 10%

no se cumplirá debido a que los programas sociales y las demás acciones contenidas en el Plan Hambre Cero, se siguen utilizando como instrumentos con fines políticos e incrementan la conflictividad social en el interior del país.

La organización denunció además que durante la administración han sido expulsadas unas 150 mil personas de los listados para la obtención de estos beneficios.