Según el Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica presentado por el GAM, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, se observan serios retrocesos en el proceso democrático en los países de la región, al presentar sistemas híbridos que combinan rasgos democráticos y autoritarios, con graves problemas de exclusión social especialmente en Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Han debilitado su propia institucionalidad para aumentar su autoridad alterando el orden constitucional de manera progresiva, constante y sistemática es decir una verdadera crisis en el modelo democrático.

En Guatemala, el espíritu de los Acuerdos de Paz y del Acuerdo para el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática, estaba encaminada a democratizar la gestión gubernamental mediante la constitución de gobernantes civiles y la subordinación de las fuerzas armadas a la autoridad civil.

Sin embargo la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad ciudadana no se ha interrumpido en la última década. Todo lo contrario ha sido legalizada por el actual gobierno, lo que ha dado lugar a que la mayoría de puestos del Sistema Nacional de Seguridad sean ocupados por oficiales militares de retiro, quienes no han sufrido ningún proceso de investigación sobre su posible involucramiento en violaciones a derechos humanos cometidos en décadas pasadas señala el documento.

Además según el informe es evidente la insatisfacción de desapego de los centroamericanos a la democracia como sistema político y ordenamiento de lo individual y colectivo; ante las restricciones a las libertades de expresión y al estado de derecho y el incremento de la inseguridad ciudadana así como a las políticas coercitivas que prevalecen en la región. A ellos se suma la presencia del crimen organizado, el cual está impactando en algunos sistemas políticos, especialmente en Guatemala.