Académicos cuestionaron los programas del actual Gobierno para el combate de la desnutrición y el hambre estacional en el país, a la vez que exigieron la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral para cambiar el modelo socioeconómico y que tiene sumido en la pobreza a más del 50% de la población.

Pablo Prado, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, opinó que es contradictorio que Guatemala, uno de los países más fértiles para la producción de granos básicos, siga teniendo cifras “vergonzosas” por muertes de desnutrición infantil, por lo cual es imperativo que las entidades relacionadas con el tema, redoblen los esfuerzos para combatir este flagelo en el país.

En ese sentido, el académico expuso que el actual modelo socioeconómico y de desarrollo no contribuye eficientemente a erradicar el problema del hambre estacional, aunado a las condiciones de marginalidad social en la que se encuentran inmersas miles de familias en el denominado corredor seco, por ejemplo.

“Esto no es un tema técnico únicamente sino también político y de distribución de la riqueza. Podemos tener programas bien diseñados y con métodos de vanguardia para abordar la seguridad alimentaria pero si no se dan otras acciones que lleven a tener un sistema más justo, equitativo e igualitario, no se van a resolver los problemas estructurales del hambre y la pobreza”, manifestó Prado.

En 2014, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), pretende paliar el hambre estacional y la desnutrición aguda a través de la Estrategia de Protección Social, que incluyen cinco acciones interinstitucionales y con una inversión de Q997 millones; aunque el analista cuestionó la efectividad de este programa, tomando en cuenta los resultados en años anteriores.

Para el entrevistado, hace falta un pacto político que involucre la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral en el Congreso de la República, en busca de descentralizar los esfuerzos y para que ya no se siga excluyendo del desarrollo a las poblaciones del área rural del país.

“Esta es una de las cuestiones que ya no se pueden seguir postergando pues permitiría ampliar la temporalidad de la Política Nacional de Desarrollo Rural y entonces se volvería parte de la legislación nacional y ya no quedaría a criterio del Gobierno de turno, implementar el que ya sería un compromiso ratificado”, argumentó el investigador.

Por aparte, Óscar López, coordinador de proyectos en seguridad alimentaria de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), subrayó que el actual Gobierno continúa desplazando desde una visión empresarial, a la población indígena y campesina, por lo cual no se garantiza mejores condiciones de vida para estos sectores.