La Plataforma Internacional contra la Impunidad, el Foro de ONG Internacionales (FONGI), la Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA) y la Alianza Internacional de Organizaciones Católicas para el Desarrollo (CIDSE)

se pronunciaron e indicaron que la decisión de la Corte de Constitucionalidad de acortar el periodo de la fiscal general Claudia Paz y Paz constituye un retroceso para el fortalecimiento del Estado de Derecho, vulnera la independencia judicial, pone en grave riesgo casos de violaciones de derechos humanos que investiga la fiscalía y alienta el revisionismo de los grupos extremos.