El Acuerdo Ministerial 1505-2013 del Ministerio de Educación sigue generando diversas opiniones de distintos sectores de la sociedad civil involucrados en el tema de la educación. Representantes de organizaciones sociales se oponen a implementación, pues lo consideran una normativa de represión a derecho de manifestación estudiantil.

Nery Rodenas, representante del Centro de Acción Legal y Derechos Humanos, indica que a pesar de las reformas que ha sufrido el acuerdo del Mineduc, sigue violentando los derechos fundamentales de manifestación, organización y protesta pacífica por parte de estudiantes.

“Dentro de la normativa se está intentando mezclar otro tipo de intencionalidades, que buscan frenar la protesta social del sector estudiantil. La manifestación y la participación del sector estudiantil para la reivindicación de sus derechos han sido procesos históricos que han marcado el perfil de Guatemala y permitido el alcance de estos derechos. Este tipo de normativa restringe algunos derechos constitucionales. Vulnera y cierra espacios que los estudiantes deberían tener, así como las oportunidades de desarrollo personal”, afirma Rodenas.

Por aparte, Gloria Castro, Defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, informa que aunque aún no se cuenta con denuncias de casos de cancelación de matrículas, presumen que sí existen estos casos; y se mantienen en comunicación con autoridades de la cartera de  Educación para que las reformas al Acuerdo no sean tan severas o alcanzar la derogatoria del mismo.

“La aplicación del acuerdo implica que los niños estarían en la calle a merced de otros grupos que los podrían involucrar en hechos delictivos, porque en Guatemala tampoco hay programas que puedan absorber a todos los niños y adolescentes que están sin la posibilidad académica. Por otro lado, se va a restringir la profesionalización y su capacidad productiva”, señala la representante de PDH.

El representante de los normalistas, Carlos Aldana, menciona que las protestas de rechazo a la reforma magisterial se han reducido debido a la implementación del Acuerdo 1505, pues una de las sanciones estipuladas en esta medida es la cancelación definitiva del Código del Estudiante, por lo cual se estaría privando del desarrollo educativo y económico a los alumnos; y exponiéndolos a situaciones de delincuencia en el país.

Para los entrevistados, se debe derogar esta disposición del Ministerio de Educación, o se debe pensar en la posibilidad de presentar otra propuesta con enfoque de derechos, que sancione sin represión y con acciones de prevención dirigidos a los alumnos de los centros educativos.