Fundación Sobrevivientes ve falta de voluntad por parte de Estados Unidos, para regresar a Guatemala a la menor Anyeli Hernández, dada en adopción ilegal a ciudadanos estadounidenses, pese a que un juzgado de Guatemala ordenó cancelar la partida de nacimiento, de adopción y pasaporte.

El pasado 23 de octubre venció el plazo de dos meses, para que de forma voluntaria EE.UU. devolviera a la menor a sus padres biológicos en  Guatemala, de acuerdo con Jaquelin Rojas, abogada de la Fundación  Sobrevivientes.

Anteriormente, las autoridades guatemaltecas habí­an coordinado con la Embajada de los Estados Unidos para que la niña pudiera ser retornada a Guatemala por los padres adoptivos, luego del amparo otorgado a la madre de la menor, Loyda Rodrí­guez, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, que también ordenó que se cancelaran todas las partidas de  nacimiento ilegales, al igual que el pasaporte.

Pero, para la Fundación, existe falta de voluntad de solucionar de forma voluntaria este caso,  luego que Estados Unidos se pronunciara, por medio de la Embajada, al indicar que en esa nación no se ejecutaban sentencias de otros paí­ses, y no la tení­an como válida.

“Los argumentos de las autoridades estadounidenses son que la niña era una ciudadana estadounidense, que estaba con ciudadanos estadounidenses y esa sentencia que se habí­a dado acá no era objeto de poder ejecutarla en Estados Unidos”, afirmó Rojas.

Ante la negativa del paí­s del Norte por devolver a la menor, la Procuradurí­a General de la Nación (PGN) ya envió el requerimiento a la embajada estadounidense para que el caso sea remitido a una Corte de los Estados Unidos, para lograr recuperar a la niña.

Para ello, de acuerdo con la abogada, están a la espera que las autoridades de EE.UU. acepten o no el requerimiento por medio del Convenio de Sustracción que hizo la PGN.

La menor fue dada en adopción a los ciudadanos estadounidenses Timothy James Monahan y Jennifer Lyn Vanhorn, el 9 de diciembre de 2008, por la Asociación Primavera, entidad que quedó al descubierto por integrar una estructura de adopciones ilegales, por el robo de la niña Anyeli Liseth Hernández Rodrí­guez, a quien le cambiaron el nombre por Karen Abigaí­l López Garcí­a.

Por este caso, el Tribunal Octavo envió a prisión a Enriqueta Francisca Noriega Cano, mandataria judicial de la Asociación Primavera, y Alma Beatriz Valle Flores de Mejí­a, abogada, por los delitos de asociación ilí­cita, uso de documentos falsos, adopción ilegal y trata de personas.

Una investigación dirigida contra la Asociación demuestra que fue constituida en forma ilegal porque les falsificaron las firmas a quienes aparecen como socios; además, pesquisas arrojan que la red obtiene una ganancia de al menos US$30 mil por cada niño, que al año puede alcanzar más de US$200 millones.