La PDH considera necesaria la creación de un instituto de defensa pública laboral, debido a que los bufetes populares de las universidades han limitado la atención a los casos de violación a los derechos laborales; por lo que el Estado debe asumir esa responsabilidad.

Marco Vinicio Hernández, defensor de los Trabajadores de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH), dijo que ha recibido «innumerables» quejas de personas que no han sido atendidas en los bufetes populares, principalmente en el de la Universidad de San Carlos, lo cual perjudica al trabajador, puesto que puede correr el riesgo de perder sus derechos si no plantea su demanda en los plazos que la ley ordena.

«Los bufetes populares están dejando de dar el servicio o lo están dando de una manera limitada, desde que se crearon las clí­nicas laborales, en especial en la Universidad de San Carlos», señaló Hernández.

A raí­z de ello, el defensor aseguró que han planteado la necesidad de que el Estado cree un instituto público de defensa laboral, el cual funcionarí­a de manera similar al Instituto de Defensa Público Penal.

«Se debe defender públicamente al trabajador porque tiene ese derecho, porque hemos recibido quejas de que cada vez es más dramático y lento, además, cada trabajador que acude tiene desventajas porque no se le proporciona la atención profesional de calidad», apuntó.

EVALUACIí“N

Según Hernández, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos se encuentra haciendo una evaluación en los paí­ses de la región sobre el nivel de avance del capí­tulo 16 (capí­tulo laboral) del tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos.

Actualmente se encuentra en la fase de recopilación de información, de donde se ha conocido que Guatemala ocupa uno de los primeros lugares de los paí­ses con menor acceso a la justicia laboral.

Asimismo, cuestionó la debilidad del Ministerio de Trabajo, ya que no cuenta con los recursos necesarios para fortalecer la unidad jurí­dica; además, indicó que en los procesos de conciliación, el papel del inspector es «pasivo» puesto que no ofrece soluciones ecuánimes. «El trabajador está a merced de lo que ofrezca la parte empleadora», se lamentó.

CRISIS

Por su parte, Gonzalo Madrid, encargado de la Secretarí­a Laboral del Bufete Popular de la universidad pública, rechazó que se haya reducido la atención; empero, dijo que los casos se han incrementado, ya que en 2008 se atendieron unos 500 casos, mientras que en lo que va del año se llevan unos 300.

Madrid apuntó que debido a la crisis económica que atraviesa el paí­s, se ha incrementado la demanda de asesorí­a en procesos judiciales, por lo que prestan el servicio en Mixco, San Lucas y Santiago Sacatepéquez, San Antonio Aguas Calientes, así­ como en Santa Lucí­a Cotzumalguapa, lugares más crí­ticos por demandas laborales.