Cuando uno ve y oye todo lo que se dice de Guatemala y de su gobierno, la primera impresión que se tiene es que a los guatemaltecos nos gusta exagerar y ver micos aparejados, ya que es imposible que se acuse al Presidente de violar la Constitución, ya que según ésta, la primera obligación de tan alto dignatario es a) Hacer cumplir la Constitución y las leyes.
Vemos que dentro de las prohibiciones que establece dicha magna ley es que para ser ministro de Estado, éstos no deben ser parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente y del Vicepresidente de la República, lo cual es obvio por el alto cargo que desempeñan.
Todo nos indica que un ministro es un alto funcionario que no debe estar ligado por parentesco bajo ninguna circunstancia a las dos más altas autoridades del país, para evitar cualquier acto anómalo o de corrupción.
Supuestamente por su alta jerarquía los ministros sólo pueden ser coordinados por alguien de igual jerarquía como lo es otro ministro o alguien de mayor jerarquía como lo es el Presidente y el Vicepresidente de la República, o sea que si se nombra a alguien para que coordine dos o más ministros, automáticamente se le está dando la categoría de ministro o de los dos altos funcionarios mencionados anteriormente.
El Presidente de la República al haber nombrado a su esposa para un cargo igual o más alto que el de un ministro ha violado la Constitución, y cualquier ciudadano debiera tener el derecho de llevarlo a juicio, cosa que en un país subdesarrollado y con tanta violencia no se puede hacer, pues se corre el riesgo de que los delincuentes se aprovechen y quieran quedar bien con el señor Presidente.
Por el bien de Guatemala y por la legalidad del país, el Presidente debiera de poner los pies sobre la tierra y darse cuenta de que si él viola la Constitución, primero, da lugar a que cualquier ciudadano pueda violarla y segundo, que está como Presidente, pero sin un asidero legal para ocupar el cargo.