El Comisionado Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, anunció ayer que la entidad tomará nuevos casos y planteó que el contrabando y el financiamiento de la actividad política serán investigados en este nuevo esfuerzo por enfrentar el flagelo de la impunidad que tanto daño le ha hecho al país. Evidentemente algunos habían pensado que la misión de Velásquez sería la de enterrador de la Comisión y lo demuestra de manera absoluta la declaración de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien reaccionó diciendo con alguna sorna que no le dará tiempo para trabajar en esos dos casos tan complicados y que su misión debe limitarse a transferir las experiencias y conocimientos a las autoridades guatemaltecas.

El mandato de la CICIG todavía está vigente y hasta el último minuto de su vigencia puede emprender acciones y realizar investigaciones en temas que se enmarquen en su obligación. Esta teoría de que su función acabó y que en el tiempo que le queda se tiene que resignar a tareas de traspaso de experiencias y conocimientos no corresponde con la realidad, sobre todo porque cuando se eligió para dirigirla a una persona con el perfil, experiencia y pasado del jurista Iván Velásquez no se pensó en un enterrador, en un experto en administración que velara por el ordenado traspaso de funciones de una entidad internacional a las entidades nacionales, sino que se contrató a un experto en pelear contra las estructuras que cimentan el régimen de impunidad.
 
 Velásquez ha mantenido un perfil bajo desde su llegada a Guatemala y ayer mismo, antes de conocer sus declaraciones, le preguntaba a un prominente personaje de la vida nacional cómo veía al nuevo Comisionado. “Simplemente no lo veo”, fue la tajante respuesta de esta persona, poniendo fin al tema sin entrar siquiera a conversar sobre las posibilidades de hacer algo en lo que queda de mandato.
 
 No se veía públicamente porque sus apariciones fueron nada más para presentarse ante los distintos actores de la vida nacional y especialmente ante los operadores de justicia y los grupos sociales que trabajan o dicen trabajar para el mejoramiento del sistema. Pero ahora sabemos que silenciosamente estaba definiendo la estrategia para los próximos meses, centrando en cuestiones de gran relevancia en el país, todas vinculadas con temas de corrupción, el esfuerzo que no necesariamente tenemos que ver como final.
 
 Porque cuando se le entra al contrabando y al origen de los fondos para las campañas políticas, tenemos que seguir el hilo conductor a las redes de corrupción que funcionan. No es únicamente el dinero del narcotráfico el que ensucia y puede ensuciar nuestro sistema, sino también el dinero del tráfico de influencias que al final cobra tantas o más vidas que el de drogas.
 
 Yo sostengo que la corrupción mata más gente que el mismo genocidio y que el narcotráfico porque priva de elementales oportunidades a los ciudadanos que merecen atención del Estado para superar sus condiciones de absoluta miseria. Desde los niños que mueren por hambre hasta los migrantes que son asesinados por los coyotes en su tránsito a Estados Unidos, todas esas víctimas son producto de un sistema ineficiente por corrupto, que desvía los escasos recursos que hay para atender a la gente y que se usan para amasar fortunas en esa componenda que tiene su raíz en las campañas políticas donde los políticos y empresarios, algunos de ellos de “postín”, actúan como socios para desvalijar al pueblo.
 Entre esos dineros sucios está, por supuesto, el del contrabando que se asegura impunidad y permanencia desde las campañas financiando partidos y dándoles seguridad y servicios e inteligencia. Contrabando que, también, subsiste por sus negocios con empresas “prestigiosas” que usan y pagan por sus servicios.
 Menuda tarea, pues, la que se ha impuesto ahora la CICIG.