Varios han sido los argumentos de quienes instan al presidente ílvaro Colom a vetar la ley aprobada por el Congreso de la República, mediante la cual se restituye el indulto presidencial para los condenados a la pena capital. Las bancadas que apoyaron la iniciativa señalan que la ejecución de los reos condenados por asesinatos, secuestros y violaciones, representa una medida para combatir la inseguridad; apelan al miedo como una medida de prevención.

Sin embargo, uno de los planteamientos que me llamó más la atención, por lo descabellado del asunto y por las implicaciones sociales que representa, fue el que presentó Jorge H. López, pastor general de la Fraternidad Cristiana de Guatemala, integrante de la Alianza Evangélica.

El lí­der espiritual de unos 15 mil fieles, y representante del pensamiento de otros colegas que se encargan del alma de unas cuatro millones de personas guatemaltecas, aseguró, en declaraciones a la prensa, que «Dios nos creó a su imagen y semejanza y, por lo tanto, el que alguien destruya su propia imagen y semejanza merece el máximo castigo posible». Además, López agregó: «No hay duda de que Dios es no sólo el Creador del hombre, sino creador de la pena de muerte».

¿Cuándo se pronunciarán sobre las causas de la violencia social que se encuentran en la situación económica, polí­tica y social del paí­s y no en la voluntad divina? Si quienes defienden la pena de muerte como un remedio infalible para frenar los altos í­ndices de criminalidad se quitan la máscara de la doble moral y empiezan a condenar a todos los que supuestamente merecen morir por provocar la muerte, violación y secuestro de otras personas, la lista será mucho más larga que la actual, porque deberán incluir a los que generan la pobreza y la desigualdad.

Nuestra sociedad está enferma y quienes ejercen el poder no tienen la voluntad polí­tica para entrarle bien al problema de la violencia y encontrar la solución en un cambio a la estructura económica y social del paí­s. Los criminales, los asesinos, los violadores y los secuestradores merecen ser procesados, pero su eliminación fí­sica a través de la ley no garantiza la eliminación de la delincuencia porque las causas que los han forjado se mantienen.

El escritor y filósofo francés, Albert Camus, opinó sobre la aplicación de la pena de muerte: «La ley, por definición, no puede obedecer a las mismas reglas de la naturaleza. Si el crimen está en la naturaleza del hombre, la ley no está hecha para imitar o reproducir esa naturaleza. Está hecha para corregirla.»

El Estado que asesina como reacción a un asesinato reproduce la acción del condenado. Ese Estado, que se vuelve más animal y menos social, no me representa. El mismo criterio para cualquier tipo de creencia religiosa.