«Hay una gran cantidad de buses, (…) alguien debe estar subsidiando todo esto.»
Vicepresidente Rafael Espada, a propósito de las últimas manifestaciones campesinas.
Parece que el vicepresidente de la República, Rafael Espada, tiene un problema a la hora de priorizar los temas de interés cuando se presenta algún tipo de movilización social. Esto a propósito de sus declaraciones a varios medios de comunicación, a quienes aseguró que lo que más le interesaba saber, sobre las movilizaciones de Plataforma Agraria, era de dónde se habían conseguido los recursos para transportar a tantas personas desde el interior del país; además, también señaló que los manifestantes habían sido manipulados por los dirigentes campesinos.
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Sin duda, los personeros del Gobierno se han quedado con los pelos de punta luego de la malograda «ola blanca» y del golpe de Estado en Honduras: cualquier tipo de manifestación que no sea de apoyo incondicional a los programas de Cohesión Social son vistas como movimientos desestabilizadores y revueltas de inconformes descastados con la mano bondadosa del Ejecutivo.
Nos repitieron hasta la saciedad que en este tiempo de «solidaridad» era oportuno defender la institucionalidad del Estado. Y si bien es cierto que no queremos a gorilas de mano dura guiando los destinos del país, también es necesario que el actual Gobierno, que enarbola la bandera de la socialdemocracia, inicie una revisión profunda de la institucionalidad agraria que, hasta el momento, no ha presentado resultados efectivos a favor de las familias campesinas.
Así, no es válido que el vicepresidente desvíe su interés a cuestiones superficiales de la movilización en vez de impulsar al interior del Ejecutivo un verdadero proceso de diálogo, en donde las propuestas de las organizaciones campesinas sean valoradas e implementadas como políticas públicas.
Incluso, en una entrevista radial, Catalina Soberanis, del Sistema de Diálogo Permanente, reconoció que los programas que impulsa Cohesión Social son sólo paliativos para la precaria situación de vida de las y los campesinos. No se pone en duda la necesidad de otorgar liquidez a las familias más pobres para que puedan cubrir sus necesidades básicas más inmediatas, pero al mismo tiempo, es indispensable la implementación de programas que visualicen al campesino y campesina como sujetos capaces de producir y no sólo de consumir.
El Gobierno tiene la oportunidad de mostrar su buena voluntad política para atender de manera integral las necesidades de las familias campesinas. Las diversas organizaciones sociales, indígenas y campesinas que confiaron en la propuesta de diálogo exigen resultados concretos a las propuestas planteadas. De lo contrario, no podremos tener otra imagen de las personas que integran el Ejecutivo, más que de mentirosos que con un discurso a favor de la población, repitieron las prácticas de los gobiernos anteriores que se interesaron únicamente por los intereses de las élites económicas del país.