De entre más de 80 acciones legales interpuestas en el Organismo Judicial en relación a la estafa de Banco de Comercio (BC), aquella que fue declarada procedente se quedó perdida en el CSJ y varada en el MP.
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Lo anterior se explica así: Tras el fraude realizado en la referida entidad bancaria, decenas de abogados interpusieron diferentes recursos para que se tomaran medidas contra quienes se creía eran responsables del hecho. El abogado Abily Barrios, representante legal de uno de los afectados, interpuso una querella penal contra Willy Zapata, superintendente de Bancos, y María Antonieta de Bonilla, presidenta de la Junta Monetaria (JM) y del Banco de Guatemala.
La anterior fue resuelta de forma favorable para el interponente por el Juzgado Quinto de Primera Instancia, presidido por Julio Gerónimo Xitumul, con fecha 28 de febrero de 2007. A un año de dicha resolución, los litigantes de dicho proceso se quejan de la falta de acción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Ministerio Público (MP).
Barrios explicó que la acción interpuesta se realizó directamente contra Zapata y De Bonilla y que el fallo del Juzgado Quinto especifica que el Superintendente gozaba del derecho de antejuicio y la Presidenta de la JM no.
En el punto resolutivo del documento se lee: «Por tanto este Juzgado declara: I) se inhibe de instruir el presente proceso y manda a remitir copia certificada de las presentes actuaciones a la CSJ a efecto ésta lo remita donde corresponda, quien deberá conocer la presente diligencia de antejuicio contra Willy Waldemar Zapata Sagastume; II) En relación a María Antonieta Del Cid Navas de Bonilla, quien como ente encargado de la persecución penal deberá iniciar la misma».
A más de un año de haber emitido dicha resolución, ninguna de la partes (CSJ y MP) se ha pronunciado. Harry Samayoa, litigante en dicho caso, indicó: «Las acciones debieron tomarse inmediatamente obedeciendo el fallo del juez quinto, pero en la Corte se tardan años y en el MP milenios», declaró.
Patricia Lainfiesta, fiscal de delitos administrativos, no respondió las llamadas efectuadas a su celular para obtener su postura ante los hechos. Francisco Maldonado, abogado querellante, expresó: «Ya le solicitamos al Fiscal General del MP, Juan Luis Florido, que retire a Lainfiesta del caso porque no está aportando a las investigaciones», y agregó que sugirieron pedir que a Zapata le fuera impuesta una caución económica de Q 1 mil 850 millones, monto defraudado en dicha institución bancaria.
El 22 de febrero último, Jorge Mario Valenzuela, juez segundo de primera instancia, citó a Zapata para el 27 de marzo próximo; en dicha audiencia declarará como sindicado de los delitos de omisión de denuncia e incumplimiento de deberes.
En esa ocasión Lainfiesta explicó que el MP posee medios de investigación que van a ser presentados en la primera declaración de Zapata, sin embargo, diferentes litigantes del caso BC exigen que los operadores de justicia ejecuten las acciones ordenadas por el Juzgado Quinto Penal.