De ahí­ que la llegada de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) haya sido vista con tanto agrado por el ex vicepresidente Stein, porque utilizó la oportunidad para pasarle la chibola de la estafa del Banco de Comercio y a pocos dí­as de haber asumido su mandato el presidente Colom, también le haya encargado la investigación de los ataques contra pilotos del servicio colectivo de pasajeros. ¿Fácil, verdad?, además de cómodo en el primer caso para no aplicar lo que la Constitución de la República establece y en el segundo, de reconocer que nuestro flamante Ministerio Público es otro elefante blanco incapaz hasta de hacer la más elemental investigación, no digamos averiguar por qué matan a tantos choferes y sus ayudantes.

Dentro de mi limitada capacidad de discernimiento, tení­a entendido que la CICIG vení­a a abordar los problemas de fondo que generan la impunidad en Guatemala, sin embargo, todo parece indicar que se va a transformar en el desaguadero de las espinosas cosas que no se han podido o querido atender, mucho menos prevenir como es debido. ¿No ha quedado claro en lo de la quiebra del Banco de Comercio que la Superintendencia especí­fica incumplió el deber constitucional de vigilar e inspeccionar a este y otros bancos del sistema? Y en cuanto a tantos delitos cometidos en el transporte colectivo, ¿no es función del Ministerio Público auxiliar a la administración pública y a los tribunales para velar por el estricto cumplimiento de las leyes del paí­s? Al paso que vamos nada extraño serí­a que también a la CICIG le pasaran tanto mal manejo de fondos públicos, como el remozamiento del aeropuerto La Aurora a través de fideicomisos, lo que sigue siendo el instrumento mañosamente utilizado para evadir la fiscalización de todo interés hacendario de los organismos del Estado, que corresponde, también por mandato constitucional, a la Contralorí­a General de Cuentas.

Lo que bien podrí­a suceder es que la CICIG vaya a terminar sus labores en Guatemala sin poder atender como se debe el problema de fondo que le encomendaron, distrayendo su atención de que la gran mayorí­a de los casos la impunidad nacen, germinan o se originan en Guatemala porque los funcionarios públicos no cumplen con la ley y viven devanándose los sesos en cómo evadirla por aquello de que «Hecha la ley hecha la trampa». ¿O qué se espera de la CICIG?, como bien dijo su comisionado doctor Carlos Castresana, ¿que venga a hacer milagros o a poner su varita mágica para que al menos los funcionarios públicos empiecen por ser los primeros en cumplir con sus obligaciones? Porque está bien que nos asesore en cómo eliminar tanto obstáculo que impide el libre proceso judicial, pero de eso, a empezar por lo más elemental es cosa diferente, pernicioso y hasta fatal para nuestro sistema democrático.