Lo primero que uno piensa es que de plano es tanto lo que hay que ocultar que prefirieron poner en riesgo la presencia de un técnico con buenas credenciales en materia educativa. Porque en realidad la negativa fue una acción inexplicable a la luz de lo que habí­a resuelto la Corte de Constitucionalidad y de lo que, en su momento, resolvió también la Corte Suprema de Justicia, puesto que no habí­a absolutamente nada que justificara la negativa a entregar los datos y, finalmente, deberán hacerlo en la forma clara y precisa que se define en la resolución emitida ayer por la CC al ordenar la remoción de Argueta. El Gobierno ha tratado de retorcer las cosas afirmando que la demanda de información es un ataque al programa de Mi Familia Progresa. No me cabe duda que hay personas y sectores que por razones ideológicas están opuestos a cualquier polí­tica de combate a la pobreza, pero tampoco me cabe duda de que la mayorí­a de las personas que están reclamando información lo hacen justamente porque la resistencia del Gobierno genera demasiadas suspicacias. Si vemos la forma en que se procede en otros paí­ses con programas similares, nos damos cuenta que en Guatemala o se están usando con fines polí­tico electorales, o tratan de impedir la fiscalización que pueda evidenciar corrupción. No encuentro otra razón lógica y valedera para llegar al sacrificio de un funcionario que el mismo Presidente presenta como uno de los más competentes de su gobierno, pero que cometió el error de acatar una orden que al final se demostró ilegal. Porque el otro punto a señalar es que el señor Argueta actuó en cumplimiento de instrucciones superiores que le impidieron dar la información. Evidentemente él compartió el criterio, pero no cabe la menor duda de que fue instruido para preservar el secreto a toda costa y al final de cuentas ello le puso fin a la probabilidad de que su experiencia educativa fuera puesta al servicio del paí­s. Ahora la Corte de Constitucionalidad no sólo ordenó enmendar el procedimiento sino ya adelantó que ni siquiera el secreto bancario puede esgrimirse para mantener oculta la información y por lo tanto el Gobierno ha perdido una importante batalla. Y veremos que así­ como es crucial para el Gobierno el control del Ministerio Público para usarlo a sabor y antojo y evitar pesquisas en su contra, también la guerra por la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad será intensa porque la actual no se plegó a los intereses manifiestos de la pareja presidencial y eso significa que vendrá una renovación casi absoluta con la única posible excepción del magistrado Alejandro Maldonado. Si sacrificaron a un amigo cercano y fiel, como Argueta, ¿qué les espera a los que no son de la rosca?