Esta mañana en Emisoras Unidas abordaron el tema de la conflictividad agraria y de manera específica el de las tierras en litigio en Izabal, dando seguimiento de esa manera a la crisis provocada antes de la Semana Santa por la actitud de los campesinos que tomaron como rehenes a cuatro ciudadanos belgas que estaban de turistas en Guatemala y a dos chapines que les acompañaban. Uno de los invitados fue Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina -CUC- quien presentó un aspecto de la crisis que vale la pena tomar en cuenta.
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Con tono pausado y sin aspavientos, Pascual explicó a los entrevistadores y a la audiencia que Izabal es un sitio de grandes conflictos por la tenencia de la tierra, puesto que tras la caída de Arbenz se renovaron concesiones de tierras del Estado a favor de las empresas bananeras y esas concesiones eran por cincuenta años y ya fenecieron, pero resulta que casi toda esa tierra ha sido escriturada a favor de particulares, en perjuicio no sólo del Estado sino de las familias que las han ocupado por años y cuyo desalojo ha sido ordenado por los nuevos «propietarios» que se han beneficiado del desmadre que hay en cuanto al control de la propiedad. Tanto que el mismo subsecretario para asuntos agrarios, presente en el programa, reconoció que en Izabal se ha comprobado catastralmente que hay registro como para que el departamento fuera de tres pisos.
Informó Pascual que la misma Empresa Portuaria denunció en su momento a una señora que se había apropiado de tierras comunales y luego resultó que esa mujer obtuvo el respaldo judicial para ordenar el desalojo de los campesinos que históricamente habían habitado en las tierras cuyo título de propiedad fue cuestionado por la Portuaria. Y agentes de la Policía Nacional Civil fueron, junto a la gente armada por la supuesta propietaria de la finca, a desalojar a los campesinos. Parte de ese problema es la orden de captura y posterior detención de Choc.
Con esto de la tierra me pasa a mí lo mismo que con la pena de muerte. Me da pena ver cómo ciudadanos que todo el tiempo despotrican contra nuestro sistema de justicia por la incapacidad y corrupción en la aplicación de la ley, saltan presurosos a justificar las acciones judiciales cuando condenan a alguien a muerte o cuando «garantizan» un supuesto derecho de propiedad sobre la base de títulos espurios. ¿Cómo podemos creer que los tribunales venden la justicia al mejor postor en otros casos, salvo cuando mandan a alguien a la inyección letal o cuando resuelven un conflicto de tierras siempre a favor del terrateniente y en contra de los campesinos?
El Gobierno tiene que mantener la institucionalidad y no puede negociar con nadie la liberación de una persona detenida con orden judicial. En eso no hay discusión, pero los reclamos en Izabal por despojos realizados con gí¼izacherías para inscribir a nombre de particulares tierras comunales o del Estado vienen de hace mucho tiempo y el Estado se hace de la vista gorda frente a esos reclamos o, en otros casos, avala el despojo realizado mediante esas prácticas inmorales. Quien diga que en Guatemala todos los títulos de propiedad son absolutamente legítimos está hablando babosadas porque aquí puede ser que hasta sus propias casas hayan sido vendidas por algún largo sin que nadie se dé cuenta, tal es el sistema de inseguridad jurídica de la propiedad. El mismo Registro de la Propiedad invita a «inmovilizar» los bienes para evitar que pueda haber operaciones ilegales que transfieran su propiedad sin que el dueño lo sepa. Y si eso pasa en el área urbana, cuánto más en el área rural, por lo que escuchar el argumento de Pascual puede ilustrar el fondo del problema.