Cada cuatro años un partido político diferente llega al poder y como si se tratase de un ritual o una tradición en la política, los nuevos gobernantes no escatiman en realizar señalamientos contra sus antecesores y advierten que harán denuncias sobre ilegalidades, actos anómalos y tramas de corrupción, pero las amenazas rara vez se materializan y las investigaciones pocas veces se concretan.

Expresidentes alimentan el ciclo de la corrupción y luego negocian con sus sucesores

Estas actitudes se consideran como actos de demagogia y parte de un show político para granjearse el apoyo de la población, porque en todos los casos (salvo Portillo), las negociaciones que hacen los gobiernos salientes y entrantes surten sus frutos que derivan en impunidad e inactividad investigativa de los hechos ilícitos que se pueden haber suscitado durante el gobierno.

Antes de ganar las elecciones presidenciales, el binomio conformado por el Partido Patriota (PP) anunció que de llegar a la Casa Presidencial realizarían una serie de denuncias contra el entonces presidente Álvaro Colom, por ilegalidades y actos de corrupción cometidos durante su gobierno.

El binomio dijo que la aspirante a la vicepresidencia, Roxana Baldetti, habría realizado investigaciones de ilegalidades y actos de corrupción en ese gobierno y que los resultados serían la base de denuncias que presentarían si ganaban la Presidencia.

A menos de un mes del cambio de mando, durante la transición, el binomio volvió a hacer los señalamientos en contra de la administración de Colom; Otto Pérez denunció a la prensa que había actos anómalos en distintos ministerios y en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

Sin embargo, han pasado 15 meses desde que inició el gobierno de Otto Pérez Molina y las denuncias que anunciaron en contra de su antecesor nunca se materializaron en los órganos competentes de justicia y las críticas quedaron en el aire.

En términos similares, el expresidente Colom se había referido al gobierno del exmandatario Óscar Berger; el exgobernante indicó en una ocasión que el período de Berger había sido “el más nefasto” de la historia del país, al cual le achacó, además de la violencia, haber dejado más de Q mil 400 millones de deuda, construido un aeropuerto “con dinero de salud del pueblo y de los damnificados” por la tormenta Stan.

Según Colom, Berger “hizo una pésima administración financiera del Estado, dejó fideicomisos y deudas por todos lados y nadie lo fiscalizó…”; el entonces gobernante, según una publicación de La Hora del 24 de julio de 2008, señaló que poseía pruebas sobre los señalamientos que hizo contra Berger y su administración.

CASO EXCEPCIONAL
De los exjefes de Estado de la última década el único que ha sido procesado y ha enfrentado un juicio es el expresidente Alfonso Portillo, acusado de la malversación de 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa y cuya sentencia absolutoria fue confirmada por la Sala Tercera de Apelaciones recientemente.

Sin embargo, no fue un presidente quien hizo las denuncias en contra del exfuncionario y su proceso requirió de la participación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

DEMAGOGIA 
Si los mandatarios afirman tener pruebas sobre actos anómalos y de corrupción de sus antecesores ¿por qué no presentan las denuncias?

El exdiputado Aníbal García señaló que estos ofrecimientos realizados por los gobernantes no son reales. “Se trata de simple demagogia para engañar a la población”, manifestó.

Por otro lado, García indica que nunca se realizan las denuncias porque al poder “todos llegan comprometidos”; “deben favores, llegan al poder financiados por los mismos, de manera que es imposible que ellos, que han sido frutos del modelo, denuncien las grandes anomalías e ilegalidades que han existido, mucho menos promover las acciones penales que correspondan”, puntualiza.

Asimismo, García expresa que en Guatemala, en tanto se va desarrollando el ejercicio del poder, los gobernantes se dan cuenta que están siendo presos de sus propias mentiras; al final se dan cuenta de la capacidad de veto y de permeabilidad que tienen los poderes que ponen y quitan presidentes.

“Cuando llegan al poder hacen estos señalamientos, pero en el ejercicio real del poder se dan cuenta de que llegaron al gobierno, pero no llegaron al poder y entonces empiezan a tener los temores que han tenido todos los presidentes que invariablemente se han arrodillado frente a los intereses del sector económico tradicional y de las mafias que gobiernan en Guatemala”, dijo García.

Al respecto, Heidy de Matta, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, considera que cuando estos señalamientos se realizan en una campaña electoral, todo se trata de un “show político” utilizado por los candidatos para posicionarse con una imagen a favor de la transparencia y para tratar de persuadir a la población al voto.

Según Matta, la obligación de los que hacen los señalamientos es hacer las denuncias a los entes correspondientes, pues hay otros entes que se encargan de investigar y procesar. “Ahí también tenemos debilidades porque puede que no sea prioridad de los encargados de la justicia en evaluar estos casos, investigar y sancionar”, acotó.

“En Guatemala falta mucho para establecer un Estado de Derecho, la aplicación de la ley en términos iguales para todos, pero no vemos acciones ni procesos de depuración; por eso el Organismo Legislativo, cuya función incluye fiscalizar a funcionarios públicos, tiene muy poco alcance que no pasa del desgaste, un show político, de un circo y no vemos que se aplique el Estado de Derecho”, señaló.

El analista político Álvaro Velásquez se refiere a esta situación como la “herencia recibida”. Es un recurso normal en todo cambio de gobierno porque quien ganó justifica su triunfo en el desgaste de quien venció, revela.

Pero cuando la herencia recibida se usa como un subterfugio para no enfrentar las cosas demuestra que son la continuidad de “lo mismo” y la única política que ha tenido continuidad en el país es la corrupción, señaló Velásquez.

Según el entrevistado, en la democracia guatemalteca se cambia de colores y partidos cada cuatro años, sin continuidad; lo que Álvaro Colom dijo del gobierno de Berger era cierto y lo que Berger dijo de Portillo también era cierto y lo que haya dicho él de Arzú también es verdad, pero como hay cambios de personas y no de proyectos, entonces no se consolidan las intenciones de cambio, indicó.

FALTA DE CASOS JUDICIALES
A decir de Velásquez a veces las persecuciones han sido “cacería de brujas”, como sucedió en el gobierno de Berger en contra de su antecesor; se llevó a muchos funcionarios a prisión, pero muchas de esas acciones fueron políticas.

Al que accede al poder no se le está dando un cheque en blanco para iniciar una cacería de brujas. “Se tienen que construir casos judiciales para establecer la viabilidad jurídica en casos que sean justificables, puede ser una explicación a la pregunta de por qué no se lleva a todos a la justicia, a veces no hay casos judiciales sino que es un revanchismo político”, dijo.

El analista político Luis Fernando Mack indica que una de las razones por la que los casos sobre actos anómalos de los gobiernos no llegan a la justicia es porque la estructura de la corrupción es muy compleja, ya que se basa en una serie de normas y reglas no escritas, reglas informales que permiten que haya muchas personas involucradas.

Los casos no llegan a la justicia por los vericuetos de la ley, la falta de certeza jurídica.

“Hay toda una discusión sobre la absolución de Portillo, donde hay discusión sobre los términos jurídicos que se necesitan para absolver, liberar o no perseguir a la persona”.

“Creo que se trata de una debilidad estructural que hay en el Sistema de Justicia, pero también tiene que ver mucho con las capacidades y funciones que tiene la Contraloría General de Cuentas (CGC); es un cúmulo de factores”, señaló Mack.

De acuerdo con el entrevistado cuando se trata de corrupción hay mucha más dificultad para probar los delitos, y luego los procesos son declarados sin lugar, como sucedió en el caso de Portillo, en el que supuestamente hay evidencias, pero se le deja en libertad ya que legalmente a él no se le encontraron pruebas suficientes para condenarlo.

EL ÚNICO
Hasta ahora Alfonso Portillo, quien asumió la presidencia por el FRG, ha sido el único exgobernante en enfrentar a la justicia. García opina que si bien en ese gobierno se cometieron actos graves de corrupción, su paso por los tribunales responde a dos elementos: por un lado hay una investigación de Estados Unidos en la que se pide su extradición, lo que fue un elemento fundamental para que fuera perseguido por la justicia.

“Pero hay que decirlo, Portillo también está en esa situación porque sin lugar a dudas tuvo la osadía de tomar algunas medidas económicas que definitivamente no le gustaron a los poderosos del país; no estoy defendiendo la corrupción, porque sí hubo corrupción en su gobierno, el problema es que hay poderes fácticos que pasan la factura tarde o temprano”, dijo García.

Sobre este caso, Mack señala que fue un gobernante que dejó demasiadas evidencias, como los cheques que recibió de Taiwán; en el caso de otros gobiernos se han utilizado mecanismos más sutiles y más difíciles de probar, como las transferencias condicionadas en el gobierno de Colom, las reglas de la corrupción están muy arraigadas que es muy difícil combatirlas, señaló.

Por otro lado, Mack también considera que la persecución de Portillo fue política porque durante su gobierno generó conflicto en la iniciativa privada que tiene muchos enemigos; los demás presidentes han sido mucho más cuidadosos y tienen menos enemigos que quieran llevarlos a la cárcel, afirmó.

CIUDADANÍA NECESITA ACTUAR
El investigador Eduardo Velásquez señala que aunque los que ascienden al poder no hagan las denuncias respectivas, los organismos de Estado son los que tienen la obligación de investigar los hechos anómalos realizados en cada gobierno, como la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la CGC. 

Como ciudadanos somos culpables, no se ejerce la ciudadanía como tal, indicó Velásquez; según el entrevistado los ciudadanos también tienen la obligación de denunciar actos de corrupción a través de los colegios profesionales, los sindicatos, la parte patronal, las organizaciones gremiales y otros.