Cuando se creía que la situación de los inmigrantes era crítica en Arizona, el temor entre los «sin papeles» crece en otros estados de la Unión Americana, como Utah, a medida que organizaciones civiles conservadoras afinan estrategias para que las autoridades detengan y deporten a más indocumentados.
lahora@lahora.com.gt
Una lista, con unos mil 300 nombres de supuestos indocumentados, fue realizada y publicada por un autodenominado «Grupo de Ciudadanos Preocupados» del estado de Utah, Estados Unidos.
El listado incluye nombres, direcciones, números de teléfono, sitios de trabajo y detalles como cantidad de hijos y, en el caso de las mujeres, cuáles están embarazadas.
«Nuestro grupo ve a estas personas en nuestros barrios, manejando en nuestras calles, trabajando en nuestros comercios, yendo a nuestras escuelas e ingresando a las oficinas de nuestra seguridad social», dice la carta.
Las mujeres embarazadas «deben ser deportadas inmediatamente», agrega.
De esta forma, el grupo de ultraconservadores pretende sumarse a la larga lista de organizaciones civiles creadas con el fin único de evitar la inmigración de hispanos a Estados Unidos y facilitar la deportación de quienes consideran «non gratos».
Tony Yapias, director del Proyecto Latino de Utah, ha recibido más de mil 500 llamadas desde que se reveló la lista de presuntos indocumentados en ese estado, pero 95 por ciento de las llamadas, dice, son de latinos atemorizados que no están en la lista.
«El caso que más me ha impactado es el de una mujer que tiene siete u ocho meses de embarazo y me dijo que la tensión hizo que le comenzaran las contracciones… Y ni siquiera está en la lista», declaró Yapias a America»s Voice.
TEMOR
«No todos los que están en la lista lo saben y no todos son indocumentados. Hay residentes legales. Los indocumentados siempre viven en constante temor, pero esto ha generado otro tipo de miedo», agregó Yapias.
Según el activista, «el debate en Utah sobre la SB1070 de Arizona ya era fuerte desde abril». «Unos legisladores visitaron Arizona y regresaron diciendo que estaban más convencidos que nunca de que necesitábamos una ley como la SB1070. El ambiente antiinmigrante de Arizona ya había creado una atmósfera aquí en Utah de hostilidad contra los indocumentados», señaló.
Yapias, egresado de la Universidad de Brigham Young de Utah, dirigió la Oficina de Asuntos Hispanos del estado bajo la gobernación de la republicana Olene Walker.
El activista, que es mormón, opina que la situación en Utah también coloca sobre el tapete el silencio del liderazgo de la Iglesia de los Santos de los íšltimos Días (Mormones) sobre el tema migratorio, mientras algunos de sus integrantes han tenido un papel central en la SB1070, en su defensa, o se han mantenido al margen.
Utah tiene 2,7 millones de habitantes, buena parte de ellos mormones blancos. Cerca de 12% de su población tiene orígenes hispanos, y una buena cantidad son mormones.
INVESTIGACIí“N
Las investigaciones sobre el caso ya están en marcha. Dos funcionarios de Utah (oeste de EE.UU.) estarían relacionados con la divulgación de la lista de presuntos «inmigrantes ilegales» que fue divulgada a medios y autoridades locales, informó el procurador general de ese estado, Mark Shurtleff.
«Hay dos nombres de funcionarios (estatales), aún no me han sido comunicados (…) quizás haya más», dijo en teleconferencia con reporteros el procurador.
La información llegó a manos del gobernador del estado, Gary Herbert, y a partir del lunes iba a iniciarse una investigación oficial al respecto, añadió el procurador.
«Estamos hablando de crímenes serios», advirtió el Procurador. «Queremos que quede claro que nos lo tomamos en serio», añadió.
Cox indicó que es posible que dos o más personas estén involucradas, pero aclaró que está segura que los principales responsables ya han sido identificados.
«Esta no es la manera como nos comportamos en Utah, ni en este país, no importa la forma en cómo uno se sienta respecto a este tema» de la inmigración ilegal, advirtió Shurtleff.
La distribución intencional de un documento privado en Utah es un delito menor que puede ser castigado hasta con seis meses de cárcel y una multa de mil dólares.
Si alguien se roba un registro de ese tipo, podría ser enjuiciado como un crimen mayor con hasta cinco años de prisión y cinco mil dólares de multa.