Entendiendo en primer lugar el acto de usurpar como el «apoderamiento de una propiedad o un derecho que legítimamente pertenece a otro» a lo que se suma: «por lo general con violencia»; y en segundo que la historia forma parte de un derecho público, que emana del Estado (público en su esencia) que está destinado a regular las relaciones de las personas en un marco social; podemos aseverar que los «usurpadores de historia» no son una metáfora.
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Tanto los jóvenes como cualquier hombre y mujer en el país y en el mundo, sin importar ninguna condición, tenemos derecho a conocer la historia desde un punto de vista responsable y coherente.
El sistema educativo actual, monopolizado por las instituciones privadas de educación a las que sólo las minorías tienen acceso, plantea el conocimiento parcializado de la historia, obviamente acorde a la ideología de los establecimientos educativos, que son escasamente regulados por el Estado.
Quizá poco han meditado los enseñadores de la historia que la instrucción de esta partida por la mitad: donde un lado es «oscuro» y el otro «iluminado» (sin que ello esté explicado de forma razonable), genera vacíos desde intelectuales hasta existenciales en toda la sociedad.
En el Museo de Historia Nacional, por ejemplo, una gran cantidad de detalles (por así llamarlos) muestran el desarrollo de la historia política de Guatemala durante el período liberal (por citar alguno), sin embargo, en el caso de la pieza donde se «explica», el período de los diez años de primavera (1944-1954), no es más que un cuarto con unas fotografías y algunas notas impresas sobre mantas vinílicas. La anterior analogía pone de manifiesto la intención de minimizar ciertos acontecimientos históricos, como la Revolución de Octubre de 1944 a partir de la cual hubo una serie de avances a nivel social (poco mencionados también), cuyo eco en los visitantes es mínimo.
Como parte de un derecho comunitario, pero también como una necesidad social se hace necesario reflexionar sobre la responsabilidad que se tiene con las nuevas generaciones respecto a ese conocimiento: tenemos derecho a saber que democracia no es sólo ir a votar cada cuatro años, que la renuncia de Castro al poder en Cuba es un acto digno de un hombre que defiende la vida y no de un dictador como lo han tildado, que en el país hubo genocidio y que la justicia se niega a juzgarlos. A saber que la verdad va hacernos libres.
Las y los diputados, presidentes, ministros, magistrados, periodistas, maestros y todos aquellos guatemaltecos y guatemaltecas que desempeñamos una función vinculada o no con lo social tenemos la obligación de velar por que todos tengan acceso a la historia, como un derecho público; pero sobre todo de no irnos convirtiendo en usurpadores de la historia.