Cabalmente hace un año, para ser preciso el sábado 22 de septiembre de 2012 publiqué el más reciente artículo referente a los problemas que afrontan más de seis millones de usuarios del servicio colectivo por autobuses, después de numerosas columnas divulgadas durante la última década, cada vez que ocurría un grave accidente de tránsito, hasta que llegó el momento en que me convencí que era vano esfuerzo y pérdida de tiempo porque mientras las autoridades del Estado, específicamente los Organismos Ejecutivo y Judicial, no se propongan realizar cambios estructurales en el sistema, continuarán acaeciendo tragedias que enlutan, como siempre sucede, a familias de los grupos socioeconómicos más desafortunados.

Reiteré una y otra vez que tan pronto como transcurrieran algunos días después de un espantoso percance en cualquier carretera del país, con el consiguiente escándalo mediático, las sinceras lamentaciones y condenas de editorialistas y periodistas de opinión, así como las hipócritas declaraciones de funcionarios públicos y diputados, prontamente el trágico suceso se perdería en el proverbial olvido colectivo y no se volvería a enfocar con toda su crudeza y oportunismo político el mismo tema, para luego repetirse ese espantoso ciclo de muerte, duelo y pesar que afecta a los desamparados usuarios del transporte de pasajeros.

En estos días ha ocurrido lo que era previsible después del accidente acontecido en una carretera secundaria del departamento de Chimaltenango, que causó casi 50 víctimas mortales, incluyendo niños, adultos y ancianos, jóvenes de uno y otro sexo, en el sentido de que gradualmente el fatal percance y sus consecuencias se va diluyendo en la memoria de los guatemaltecos que no han sentido en carne propia la muerte de un chiquillo de cinco años, de una madre trabajadora, de un esforzado abuelo, de una señorita que se graduaría de maestra, de un muchacho que semanalmente contribuía a la economía doméstica con el regateado jornal devengado, de un par de jóvenes esposos que ni siquiera disfrutaron de su luna de miel, además de los campesinos y pequeños comerciantes indígenas que resultaron heridos y algunos quedarán lisiados para el resto de su precaria existencia.

Por la tenacidad del economista Edgar Guerra, en ese entonces presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraubano y actualmente Defensor de los Usuarios de ese mismo servicio en la PDH, el 15 de septiembre de 2012 se publicó el acuerdo gubernativo mediante el cual se obliga a utilizarse tecnología en las camionetas del servicio extraurbano, esencialmente el mecanismo de prepago y la instalación de cámaras GPS (por sus siglas en inglés).

¡Qué chulada de belleza! diría mi recordada madre. Pero sólo se quedó en un enunciado inservible, como es usual en este Gobierno, porque los dueños de los autobuses simplemente se niegan a acatar esa resolución supuestamente obligatoria, que si estuviera efectivamente en vigencia se presume que se evitaría la sobrecarga de pasajeros y excesos de velocidad, que son, entre otros factores,  dos de las causas más comunes de los accidentes en la red vial, al margen de la inexperiencia de pilotos (que suelen conducir medio borrachos), desperfectos en el sistema de frenos, neumáticos gastados y unidades inservibles por el paso del tiempo y sin mantenimiento.

(El pasajero Romualdo Tishudo me dice: -Consoláte, Wayito, porque el Presidente declaró que una causa es la corrupción en la Dirección de Transportes y que ordenará cambios a finales de año en esa dependencia).