Los padres de familia tienen que comprar útiles y realizar aportes en escuelas e institutos públicos, pese a las asignaciones específicas para el funcionamiento de los establecimientos educativos; en los hospitales y centros de salud, los pacientes y sus familiares deben obtener medicamentos y pagar servicios especializados.

La gratuidad en los servicios públicos fue una promesa incumplida en el pasado y en el presente es un tema olvidado.

Dora Maritza Ruiz llegó esta semana a la Unidad de Consulta Externa del Hospital Roosevelt para ser atendida por quebrantos de salud. Pensó que al tratarse de un servicio público que funciona con los impuestos de los contribuyentes no tendría que desembolsar un solo centavo para recibir atención y tratamiento. Estaba equivocada.

El problema se repite todos los días, en todos los hospitales y centros de salud, en donde se asegura la atención médica a los usuarios –que deben esperar las citas durante varios meses–, pero realmente deben desembolsar importantes sumas de dinero para costear análisis médicos, insumos y medicamentos.

“Yo creo que el servicio de los médicos está bien. El problema es que uno tenga que pagar por las medicinas; a veces no podemos venir al hospital por falta de dinero y encima de eso tener que pagar las facturas”. “Eso no me parece justo. He gastado más de Q500 solo en medicinas que ya están pagadas con mis impuestos”, se queja Ruiz.

Dora Sánchez, quien visita a su hermana internada en el Hospital Roosevelt, señala que ha realizado algunos gastos durante el tiempo de tratamiento. A diferencia de Ruiz, no reconoce que los servicios públicos funcionen con presupuestos estatales y ya considera “normal” que los usuarios deban hacer desembolsos. “Gracias a Dios no he gastado mayor cosa”, señala.

Sánchez explica que además de la atención de los médicos y las enfermeras, los gastos de medicinas o curaciones para su hermana corren por cuenta de su familia.

“No todo en la vida es gratis”, comenta Sánchez y tiene razón. Los tratamientos y medicinas en los hospitales públicos, así como los insumos educativos en las escuelas e institutos estatales tienen un doble costo para los usuarios, considerando que las instituciones públicas reciben asignaciones presupuestarias y, además, exigen pagos a los usuarios.

COSTOSA EDUCACIÓN “GRATUITA”
Mariana Chacón, madre de familia, refiere que su hija estudia para ser maestra de preprimaria en una institución estatal y si bien es cierto que no se paga una colegiatura como tal, los gastos en que se debe incurrir son “excesivos” para una familia de capa media.

«Lo que mi esposo y yo ganamos no nos alcanza para poder comprarle todo lo que ella necesita», advierte. “Nos vemos en la necesidad de ver cómo obtener más recursos puesto que todo está muy caro. Hemos gastado más de Q2 mil y lo peor es que tenemos otro hijo que también necesita de estudios».

Chacón indica que no es cierto que la educación sea gratis. «La verdad es que no se ve que sea así, pues las escuelas ven cómo nos sacan recursos con folletitos u otros materiales que no sabe uno dónde comprar. Los servicios ya están pagados así que la educación está saliendo muy cara».

La madre de familia revela que no es únicamente en los útiles escolares en lo que ha gastado, sino también en utensilios de limpieza, papel higiénico, así como ciertos lápices o lapiceros de marcas específicas que les solicitan en los establecimientos educativos. «Uno no sabe especificaciones de lo que piden y cuando vamos a la librería se pide lo que está en las listas, la verdad es que es muy caro todo».

Chacón expone que también debe gastar en uniformes y zapatos; aunque esta no es una necesidad al inicio del ciclo escolar, en el transcurso del año tendrá que ver cómo resuelve el problema.

Además, indica que aunque no le exijan una colegiatura mensual, sí se les pide a los padres de familia un “aporte económico simbólico”, además de lo que se gasta en útiles, materiales, libros, pasajes y demás insumos “que verdaderamente ponen en aprietos la economía familiar”. “Educar a los hijos en los establecimientos públicos está saliendo muy caro”, aseguró.

DERECHOS IRRESPETADOS
Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), manifiesta que en el gobierno anterior se pudo identificar una “intencionalidad” de reforzar acciones tendientes a mantener la inversión en política pública de carácter social e identificar acciones para que fueran consolidadas esas políticas públicas como garantías de esos derechos humanos.

Santos dice que si bien se dieron pasos acertados en ese tipo de políticas, hicieron falta acciones más consolidadas al desarrollo de verdaderos programas más activos en el orden social.

Álvaro Colom ofreció garantizar la gratuidad de los servicios de salud y educación durante su gobierno y accionar ante la Corte de Constitucionalidad si su sucesor no continuaba con la misma política.

Aunque en 2009 se puso en marcha la iniciativa, esta no se aplicó de forma eficaz en el servicio público; los cobros continuaron en las escuelas e institutos públicos, así como en los hospitales y centros de salud.

Según Santos, con el actual gobierno lo que se puede ver es que esa intencionalidad se modifica; “existen nuevas prioridades, enmarcadas en la agenda nacional de competitividad, que se aleja sin lugar a duda de la perspectiva de derechos humanos e identifica como prioridad el capital y los recursos del Estado dirigido al beneficio del capital privado”.

Además, refiere que todo esto se aleja de la inversión social dirigida a los programas de asistencia social, entre ellos educación y salud, y el abandono paulatino de un discurso de la gratuidad de derechos humanos de la población guatemalteca.

Santos indica que el presupuesto del Ministerio de Educación tiene un crecimiento en su asignación presupuestaria, pero en relación al Producto Interno Bruto (PIB) esta inversión se queda estancada. Esto se ve reflejado en la ejecución presupuestaria, puesto que durante el año anterior el programa de becas tuvo una actuación del 1 por ciento y la asignación de útiles escolares una ejecución que no alcanza ni el 20 por ciento de su presupuesto.

Entre tanto, el analista considera que salud “es un mal crónico del Estado guatemalteco”, ya que Guatemala es el país de la región centroamericana que menos invierte en este derecho, con apenas el 1 por ciento del PIB, y en la ejecución no es ni siquiera el 1 por ciento del PIB que logran ejecutar.

Esto se refleja en las crisis hospitalarias y el desabastecimiento de insumos básicos, que “muy probablemente sean la caja de resonancia, en tanto que esta crisis se encuentra principalmente en las áreas urbanas, afectando a la población guatemalteca que no tiene acceso a los servicios de orden privado”.

Santos expresa que el tener gastos en servicios de salud o educación, que deberían ser gratuitos, se les conoce como procesos de “privatización raptora”, es decir, que “no se tiene el cobro por asistir a un hospital, puesto o centro de salud, pero sí tiene que pagar en medicamentos, radiografías, yeso o pago de uniforme y útiles escolares en el caso de las escuelas; esos procesos circunscriben la garantía que el Estado debe promover en ambos derechos humanos”.

“Esto lo que hace es beneficiar en buena medida a entidades de orden privado que son las que al final ponen a disposición la venta de útiles escolares, venden medicina, escritorios, etc.”, señala Santos.

GRATUIDAD TEÓRICA
Mario Rodríguez, del área de Educación del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), acota que legalmente la educación es gratuita, pero el problema es que los aspectos administrativos y discursivos de las autoridades no coinciden con los hechos reales.

Es decir que el Ministerio de Finanzas Públicas traslada a las escuelas los fondos que necesitan para funcionar hasta con tres meses de retraso; entonces, las escuelas necesitan pagar alquiler gastos de luz, etc. “Prácticamente los directores de las escuelas necesitan los fondos desde el principio de año y ese desfase hace que dentro de las escuelas los directores pidan dinero a los padres de familia para solventar esos gastos”.

Rodríguez considera que existe una “paradoja”, puesto que la ley que admite el traslado de fondos no fue derogada con la ley de gratuidad. “Entonces, por un lado, se hizo un decreto de gratuidad de la educación, pero por otro no se derogó un decreto anterior en función que les permitieran a las escuelas cobrar algunos aspectos a los padres de familia. La gratuidad legamente sí se da, pero en la práctica no ocurre”.

El entrevistado reconoce que hay gastos en educación que las familias tienen que hacer como son los útiles escolares y lo mismo sucede con los libros de texto; “los libros de texto se dan a medio año cuando ya ha avanzado en gran medida el ciclo escolar, entonces no son de gran ayuda o no se utilizan adecuadamente”.

Rodríguez declara que en el tema de la educación también hay gastos de uniformes, pero estos se realizan principalmente porque hay muchas diferencias sociales y lo que se busca es un uniforme ideal y crear un entorno para que el estudiante no se sienta mal con las diferencias sociales existentes.

Rodríguez puntualiza que “el Estado no proporciona adecuadamente los fondos para que esa política de gratuidad se haga efectiva”, ya que los desembolsos existentes no están acordes con la realidad.

Tanto los usuarios de los servicios públicos como los analistas abren un debate: ¿Es justo un sobrepago en la salud y la educación que debe brindar el Estado?