Tras el fatal accidente ocurrido en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango el pasado 9 de septiembre la situación para miles de usuarios no ha cambiado pues siguen en las mismas condiciones de sobre carga, alta velocidad e imprudencia por parte de los conductores, la irresponsabilidad de los empresarios e indiferencia de las autoridades.

Según Edgar Guerra de la Defensoría del Usuario del Transporte Publico de la Procuraduría de Derechos Humanos a casi un mes del terrible accidente no se ha visto nada y se sigue en las mismas condiciones de riesgo y vulnerabilidad, lo cual muestra una falta de interés verdadera de parte de las autoridades encargadas del tema.

Guerra señala que en el tema del trasporte público hay políticos que son trasportistas y viceversa, mostrado un verdadero conflicto de intereses, e inclusive el mismo Director General de Transporte ha denunciado presiones para no realizar operativos en carreteras por parte de políticos y transportistas.

Además indica que se debe de cambiar el discurso por las acciones concretas por los entes del Estado, ya que durante los Gobiernos se ha mantenido la misma situación, de discursos y propuestas que al final todo ha quedado en el pleno discurso de las autoridades involucradas.

El accidente ocurrido el 9 de septiembre provocó la muerte de 50 personas quienes viajaban en el bus extraurbano de la empresa Transporte Sanmartineca, el automotor trasladaba a alrededor de 90 pasajeros, en su mayoría comerciantes.

Según las autoridades la sobrecarga de pasajeros y el exceso de velocidad fueron las principales causas del suceso, ya que el bus tenía capacidad para trasladar a 54 pasajeros y llevaba más de 90.