Constantemente se dan a conocer noticias sobre grupos ciudadanos organizados que combaten la inseguridad a través de patrullas vecinales armadas, aunque muchas veces vinculadas a la mal llamada limpieza social. Ante esto puede que la ciudadanía perciba que esa es la vía más factible para garantizar su seguridad, pero por el contrario, solo contribuyen a continuar el círculo vicioso de la violencia.
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La sociedad guatemalteca sigue acusando como los principales problemas del país, la crisis económica y la inseguridad. Y no es casual por cuanto el país continúa en los primeros lugares de violencia homicida en el continente, con una tasa de 33 homicidios por cada cien mil habitantes –según el Grupo de Apoyo Mutuo– y un promedio de 15 muertes violentas a diario, según registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
A la par de esta situación, las políticas de seguridad se enfocan en el corto plazo, por lo cual no se consideran políticas de Estado sino de Gobierno por algunos expertos.
Según la encuesta Latinobarómetro de 2013, la seguridad ciudadana es el problema principal de Guatemala, con un promedio de 28% de aceptación de los ciudadanos a las políticas de Estado y los resultados obtenidos en la materia.
Si bien hubo ligeros descensos de muertes violentas en los últimos años en Guatemala, no por ello los indicadores alcanzaron los niveles de tranquilidad real que esperaba la población, que cansada de esta situación ha buscado mecanismos de protección y acción para garantizar su propia seguridad, ante la debilidad institucional del Estado.
Es por ello que ha venido en auge el surgimiento de grupos de vecinos organizados autodenominados juntas de seguridad o asociaciones de vecinos contra la delincuencia, quienes coordinan patrullajes a distintas horas del día y en ciertos perímetros de colonias y barrios, con el objetivo de alertar a las fuerzas policiales sobre un hecho ilícito y así, contribuir a la seguridad de sus familiares y viviendas.
Sin embargo, en repetidas oportunidades se ha conocido de hechos de violencia cometidos por los miembros de dichos grupos en que se ejecuta a quienes consideren ellos ligados a la sospecha de un delito.
Aunque se piensa que la violencia es indetenible y los niveles de inseguridad son muy altos, expertos y analistas en la materia opinan que esta realidad no justifica el accionar violento de estos grupos, en donde “los justicieros”, como se les conoce también, se convierten en jueces y verdugos de presuntos delincuentes.
Consultado, Marco Antonio Canteo, experto en política criminal, señala que la verdadera debilidad es que este tipo de organizaciones, al no tener un control efectivo del Ministerio de Gobernación, muchas veces degeneran sus labores en prácticas ilegales y en algunas ocasiones hasta pueden ser catalogados como bandas de criminalidad organizada.
“Durante un tiempo funcionan bien pero después van incurriendo en prácticas ilegales como detenciones o secuestros e inclusive de muertes violentas contra otras personas a quienes catalogan como delincuentes”, explica el analista.
El citado agrega que también incide la pérdida de confianza en la institucionalidad policial y eso genera que surjan cada vez más estos grupos en el país y no solo en los cascos urbanos sino también en áreas rurales, sustituyendo la responsabilidad del Estado y de la Policía Nacional Civil.
Canteo indica que para evitar que grupos paralelos se sigan formando, se necesita una reformulación integral de la Política Nacional de Seguridad que incluya a su vez, una propuesta de desarme de la población, con sanciones más severas a las empresas dedicadas al negocio de la seguridad privada y comercio de armas.
No obstante, enfatiza en que esto requerirá de acuerdos sociales y políticos para avanzar, pues anteriormente se ha visto “con mucha frustración”, que cuando se intenta impulsar estos cambios, prevalecen los intereses particulares.
“Es importante iniciar procesos que permitan el control efectivo de estos grupos que defienden o que buscan su seguridad. Esto no niega la importancia que tiene en la actualidad el involucramiento del ciudadano en la seguridad de su comunidad pero debe ser en la dirección de dotar de información estratégica a las autoridades para la prevención del delito”, puntualizó el analista independiente.
“MONOPOLIO DEBE ESTAR EN PNC”
A inicios del 2012 el gobierno que recién asumía el control del poder político, lanzó el Pacto para la Seguridad, la Justicia y la Paz. Este se pensó que sería la matriz de la política de seguridad así como del fortalecimiento del sistema de justicia, con la finalidad de combatir la delincuencia común y el crimen organizado, en particular a grupos paralelos o carteles de narcotráfico con presencia en el país.
Sin embargo, para las patrullas vecinales armadas solo la violencia homicida continúa perfilándose como un mecanismo para la solución de conflictos, o en el particular caso, tomar la justicia por sus propios medios; producto de la desesperación y la falta de confianza en el sistema de justicia.
Esto ha desencadenado en el equivocado concepto de “limpieza social” por parte de estos grupos de vecinos organizados, que en cierto momento llega a incluir a la cúpula policíaca, como ejecutores materiales de estos hechos, al ser incapaces de resolver crímenes en donde la culpabilidad de los sospechosos es evidente.
Fuentes que pidieron no ser citadas, identifican a un grupo de “justicieros”, en el Mercado La Terminal en la zona 4 capitalina. Las mismas indican que a pesar que la anarquía podría estar reinando en ese punto, prefieren pagar a un grupo de hombres que se encarguen de “eliminar” asaltantes o violadores, que ser extorsionados o abusados por los criminales.
Al respecto, Néstor López, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, explica que todo lo que no esté en el monopolio de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala en el sentido de resguardar la integridad de los guatemaltecos, no encuadra en la ley.
Por lo tanto, subraya que el tomarse la responsabilidad de la seguridad en propia mano, genera la tergiversación de la misma y en lugar de generar orden y una cultura de paz, lo que se origina es la anarquía para el control social y reacciones de zozobra por parte de las comunidades.
López aduce esta situación a que no existe una política de prevención del delito y que las acciones que se realizan en la materia no tienen un eje orientador estratégico basado en el modelo de gestión por resultados, lo cual hace que la sensación de seguridad no esté a la vista y los esfuerzos no sean descentralizables completamente.
El experto del CIEN apunta a homologar el sistema de recopilación de información de las entidades como el Mingob o el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, así como de observatorios de monitoreo de la sociedad civil para generar capacidades de seguimiento de denuncias como un mecanismo que soporte el combate a un hecho delictivo.
En ese sentido, existe el Sistema de Prevención ALERTOS, que es una plataforma de observación ciudadana, que busca brindar reportes que comparten los ciudadanos sobre algún hecho delictivo, para que se pueda traducir en información que permita una mejor actuación de las autoridades, e impacte positivamente en el mejoramiento de los índices de seguridad ciudadana.
El Grupo de Apoyo Mutuo también cuenta con un Observatorio, que se basa en manejar estadísticas sobre violaciones a Derechos Humanos y hechos de violencia en general, que de alguna forma permite, basado en las estadísticas, presionar al Ejecutivo para la implementación de políticas efectivas y contrarrestar la presencia de grupos criminales en el país.
A decir de Mario Polanco, director del GAM, el problema es que el Estado no tiene voluntad de controlar a los mismos y por eso operan de manera ilegal y clandestina, aunado a que no existe cultura de denuncia por parte de la ciudadanía.
El entrevistado acusa al Viceministerio de Prevención del Delito, de agravar este problema al haber abandonado la inversión del Programa de Escuelas Seguras, puesto en marcha en el gobierno de Álvaro Colom, pues considera que al quedarse ese espacio vacío, las pandillas y otros grupos han aprovechado para involucrar a jóvenes de centros educativos y colonias, en estos hechos delictivos.
Además, Polanco calcula que son más de 300 grupos los que operan de esta forma en el país; la mitad sin amparo del Estado o autorización del Ministerio de Gobernación.
“Debería de crearse un mecanismo de control y respuesta rápida para que la población sienta satisfacción y que se está haciendo algo al respecto. Creo que el viceministro Árkel Benítez no entiende de seguridad y está preocupado más en otro tipo de aspectos. Debería sustituírsele”, enfatiza el directivo del GAM.
CALDH: 1,400 ejecuciones extrajudiciales
Cabe mencionar que Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), registra más de mil 400 ejecuciones extrajudiciales, bajo la modalidad de «limpieza social», durante los últimos siete años. De estas solo unas 413 fueron investigadas por el Ministerio Público (MP) y 22 llegaron a sentencia con un resultado de nueve absoluciones y tres condenas.
El informe de CALDH reconoce también un total de 6 mil 805 denuncias de ejecuciones extrajudiciales presentadas ante el MP, basadas en las características que presentan los cadáveres de los presuntos delincuentes a manos de cuerpos clandestinos de seguridad; y algunas contra el Estado de Guatemala por omisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), propone la creación de mecanismos de prevención por el Estado para que la población pueda participar en las actividades que tienen que ver con la seguridad ciudadana; por ejemplo, a través de análisis de la situación con datos, trabajar con municipalidades o Consejos de Desarrollo para mejorar la iluminación de las calles consideradas peligrosas y recuperar los espacios públicos, sin tener que recurrir a la comisión de un delito.
Además, aboga también por el desarme a nivel nacional como una forma de fortalecer el sistema de justicia y la organización vecinal, para que en conjunto con la PNC, se puedan establecer acciones más concretas para ir recuperando el espacio público que ahora tiene la delincuencia.
“Se está generando una situación inversa porque normalmente estos grupos terminan apropiándose de los espacios y piden recursos para seguir vigilando y terminan siendo los controladores del área, cometiendo abusos y arbitrariedades porque al final están al margen de la ley y lo que hacen es imponerse con el uso de la fuerza”.
Se calcula que hay cerca de millón y medio de armas ilícitas en territorio nacional, lo que posiciona a Guatemala como uno de los países con mayor circulación de armas ilegales en la región centroamericana.
Además, un estudio realizado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2009, destaca como uno de los principales factores para esta actividad la debilidad institucional y el alto nivel de permeabilidad a la corrupción en las instituciones a cargo del control de armas y desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS).
La directora ejecutiva de IEPADES agrega: “Lamentablemente cuando entra un nuevo gobierno deja de hacer cosas y lo que se ha hecho es que los programas no sean consistentes y eso está subiendo nuevamente los niveles de violencia”.
Se intentó conocer la opinión de los viceministros, Árkel Benítez y Edy Juárez, y de los ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pero no atendieron las llamadas telefónicas.
Marco Antonio Canteo
Experto en política criminal