Lo que más se criticó a los programas sociales del Gobierno anterior fue el uso clientelar de los recursos y la corrupción en muchos de ellos. Ahora vemos que se denuncian sobreprecios en los fertilizantes, que se hacen compras de láminas de dudosa calidad y que se adquieren pilas que tienen evidente sobreprecio, todo ello sin contar que la misma Fonapaz que está involucrada en el tema de las láminas y las pilas, es la misma que trató de sacarle plata a Taiwán sin justificar ningún proyecto.

Si la corrupción en todos los casos es delito de lesa patria en un país con los niveles de pobreza y las necesidades que tiene el nuestro, cuánto más grave resulta que se traten de utilizar los programas sociales, diseñados para asistir a los más pobres, como instrumento político o como instrumento para la corrupción. Es absolutamente intolerable que se lucre con la miseria de nuestra gente y así como no se puede ni se debiera tolerar que roben con las medicinas, tampoco debiera permitirse ningún trinquete que tenga que ver con el dinero destinado a socorrer a las familias en mayor estado de necesidad.
 
  El problema de Guatemala es que nadie responde ante la ley y que todo el sistema está podrido. Toda la estructura de las contrataciones del Estado fue diseñada para apañar y fomentar la corrupción y, por lo tanto, no hay remedio en el marco de nuestra actual situación porque si un funcionario honesto llega a un puesto, resulta que los de abajo tienen facultades legales para hacer trinquetes a diestra y siniestra y en todo caso, si se diera el insólito y extremo caso, la única consecuencia sería que el cabezón no se embolsa el dinero, pero todos los demás, incluyendo a los proveedores y contratistas, se hartan con los siempre exiguos recursos públicos.
 
  Por ello es que hacen falta medidas realmente draconianas, como la revisión profunda de toda la ley de compras y contrataciones para romper la madeja de la corrupción. Urge modificar la ley de la Contraloría de Cuentas para hacerla en realidad no sólo competente sino responsable de la probidad en el país. Urge acabar con los fideicomisos que son un manto de impunidad para el saqueo que se hace al Estado.
 
  La tarea de la transparencia es tremenda, en realidad es inmensa dadas las características que tiene la corrupción en el país. Pero hace falta que se decida ya, sin tardanzas ni contemplaciones, el inicio de la reforma absoluta de la estructura pensando en la probidad, la correcta utilización de los recursos y el fin de esa piñatización asquerosa que se ha hecho del presupuesto del Estado.

Minutero:
Da más rabia que tristeza 
que se roben los dineros 
haciendo negocios certeros 
sin combatir la pobreza