Dentro del periodismo existe un postulado ético fundamental que en la práctica es obviado constantemente: incorporar las posturas de los principales involucrados en un conflicto. Un ejemplo de que esta premisa muchas veces queda por fuera, es la cobertura de varios medios escritos sobre el conflicto en la Universidad de San Carlos.
El día de ayer observé en Prensa Libre y elPeriódico que publicaron la versión de la Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU-, en relación a los enfrentamientos suscitados por el cierre de la Universidad por parte de una coordinadora estudiantil y un grupo sindical de esa casa de estudios, denominada Estudiantes por la Autonomías -EPA.
La AEU aseguró, argumento a la prensa, que están actuando pacíficamente a favor de que se abra la Universidad, mientras que EPA asegura que supuestos estudiantes con armas de fuego de las facultades de Derecho y Económicas vinculados a la AEU iniciaron los hechos violentos con el objetivo de desarticular la protesta. No obstante, Prensa Libre y elPeriódico publicaron sólo la versión de AEU.
En un sociedad democrática, cada quien es libre de opinar a favor o en contra de una situación. Y cada quien es libre de oponerse a este cierre de la Universidad. Sin embargo, si nuestras opiniones se fundamentan en lo que informaron los medios, en los que sólo presentan la versión de AEU, el criterio de la opinión pública va encaminarse a oponerse a la protesta, por considerarla violenta.
Por otro lado, no se ha dado a conocer la serie de demandas que hace el sector estudiantil en protesta. Sólo se señala que se exige el derecho del estudiantado a la elección de las vocalías 1 y 2, que ha violentado la autonomía de la Universidad. Sin embargo, las peticiones van más allá. El grupo EPA planteó en su comunicado que exigen que se cumpla la obligación constitucional de otorgar a la Universidad el 5% del presupuesto nacional, en lugar del 2.8% que se otorga actualmente. También que el plan de repetición se oriente a mejorar las capacidades del sector docente, y no sólo del estudiantado.
También denuncian que tres unidades facultativas no han realizado elecciones de decano o director/a, como maniobra de quienes ostentas esos cargos actualmente, para permanecer en ellos. Y solicitan que se revise el sistema de exámenes de admisión que excluye a estudiantes que sí tienen potencial para iniciar una carrera; además, que se detengan los masivos despidos de empleados sin justificación.
Asimismo, se rechaza que el Consejo Superior Universitario busca mediatizar los acuerdos a los que se pueda llegar en la mesa de diálogo.
En mi opinión, a estas protestas deberían de concederles el beneficio de la duda. Pero un proceso de este tipo no puede sostenerse sin el apoyo de la mayoría de la población. Por ello, considero necesario que se democratice la información de lo que ocurre en la Universidad, para que el estudiantado sancarlista y la población en general pueda tomar partido por lo que considere más oportuno.
Los acontecimientos ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de México hace 10 años, y en el presente con la Universidad de Puerto Rico, que detuvieron las medidas administrativas tendientes a subir las cuotas de inscripción, sientan un precedente. Nadie quisiera cerrada la Universidad por 10 meses, como ocurrió en la UNAM. Pero para ello, en vez de coartar un derecho de huelga, se debe promover un diálogo verdaderamente democrático.