Uruguay solicitó hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya poner fin al «bloqueo casi total» que le impone Argentina a través de cortes de rutas alentados por la inacción de su gobierno, y cuyo objetivo es presionarlo para detener la construcción de una planta de celulosa junto a un río fronterizo.
«Tres puentes internacionales construidos para fortalecer los lazos (…) son en cambio utilizados para ejercer una extrema presión sobre Uruguay para detener la construcción de la usina de la empresa Botnia», dijo el jefe del equipo legal uruguayo, el embajador en Francia Héctor Gros Espiell, al abrir el fuego ante el tribunal encabezado por la británica Rosalyn Higgins.
«Los manifestantes argentinos actúan ante la pasividad de las autoridades competentes. No hay excusa válida de la omisión del gobierno argentino de impedir los bloqueos», resumió Gros Espiell, apuntando contra el presidente Néstor Kirchner, que se pronunció en varias ocasiones en contra de los cortes, pero aseguró que no utilizará la fuerza para liberar los pasos fronterizos.
«Hoy en día se puede calificar de bloqueo, y de bloqueo casi total», continuó el embajador uruguayo, al referirse al «agravamiento» de los cortes de ruta argentinos tras la decisión del Banco Mundial (BM) de autorizar en septiembre pasado un préstamo a la compañía finlandesa Botnia para construir una pastera en la localidad uruguaya de Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo).
En su demanda, Uruguay pide a la CIJ que ordene a Argentina tomar las medidas necesarias para poner fin y prevenir la interrupción del tránsito entre ambos países en los puentes que unen Gualeguaychú y Fray Bentos, Colón y Paysandú (400 km al noroeste de Montevideo) y Concordia y Salto (500 km al noroeste de la capital uruguaya).
Durante la audiencia, Gros Espiell denunció que esos cortes sobre el Río Uruguay, en particular el de Gualeguaychú, «agravan» el conflicto y son un «chantaje» contrario al fallo de la CIJ del pasado 13 de julio, que avaló en forma provisoria el proyecto uruguayo hasta que se defina la cuestión de fondo de una demanda argentina por los posibles daños medioambientales que significará la construcción de la pastera.
Tras la introducción de Gros Espiell, tomaron la palabra los abogados internacionales contratados por Uruguay para el caso, el escocés Alan Boyle y el italiano Luigi Condorelli, quienes brindaron la argumentación jurídica específica dividida en cuatro bloque temáticos.
Sin bien Gros Espiell dijo que Uruguay no venía a La Haya «para quejarse de pérdidas económicas», Boyle recordó durante su presentación, con la ayuda de mapas, que los bloqueos amenazan con «asfixiar la economía» del país, que recibe de Argentina el 22% de sus importaciones.
Boyle señaló además las consecuencias para el turismo. «Si no se utilizan esos puentes, usted deberá hacer un desvío enorme para llegar de Buenos Aires a Punta del Este», dijo, recordando que esos pasos también sirven de comunicación entre Uruguay y Chile.
De su lado, Condorelli puso el acento en la «inacción» del gobierno argentino, la policía y la justicia, y la aplicación de una «doble política» del presidente Kirchner ante los cortes de rutas.
«Las fuerzas policiales no tienen orden de intervenir, se limitan al papel de espectadoras», señaló.
Tras la presentación uruguaya será el turno del descargo de la delegación argentina, que está encabezada por la asesora legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti.
Uruguay ya llevó el tema de los cortes de ruta ante un tribunal del Mercosur -que integra junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela-, que en septiembre pasado falló que los mismos eran ilegales, ya que violaban el tratado de ese bloque que garantiza la libre circulación entre los países miembros.
El nuevo capítulo de la batalla judicial a nivel internacional entre ambos países se produce tras el anuncio la semana pasada de la empresa española Ence de trasladar su proyecto de planta de celulosa de Fray Bentos a Punta Pereyra (220 km al oeste de Montevideo), sobre el Río de la Plata, también limítrofe con Argentina.