Después de una larga asamblea celebrada por la Cámara de Diputados de Uruguay, quedó aprobada por este organismo el proyecto de ley de la legalización de la producción, comercio y consumo del cannabis. La izquierda uruguaya logró que 50 de 96 diputados dieran su voto favorable, lo que deja a aquel país sudamericano en una inmejorable posición para convertirse en el primero de toda América Latina en dar este importante paso de desregulación.
Por supuesto que la derecha conservadora saltó de la cólera por una batalla perdida que además se avizora confirmada por la Cámara de Senadores en las próximas semanas. El pueblo de Uruguay se mostraba en contra en la mayoría de encuestas realizadas hasta poco tiempo antes que la Cámara de Diputados iniciara la discusión formal del asunto, pero es importante señalar que los sistemas republicanos como el uruguayo permite a los diputados y senadores proponer y aprobar proyectos de ley que no necesariamente sean la voluntad democrática del pueblo.
El proyecto de ley tiene, a mi juicio, serias limitaciones y errores, sobre todo el hecho de ser bastante cerrada en cuanto a las cantidades legalizadas en cuestión de producción, comercialización y uso de la marihuana. Lo que sucede con leyes de legalización conservadoras como estas es que cambian el incentivo del mercado negro al mercado corrupto de la discrecionalidad estatal pero es indudable que aunque perfectible, la iniciativa es una gran muestra que este tema se puede y debe enfrentar decididamente sin importar lo que la “comunidad internacional” opine.
La muestra está puesta, Uruguay pudo diseñar y presentar un proyecto de Ley que será la puerta a la legalización de muchísimas substancias prohibidas hoy en día en la gran mayoría del mundo. Y sus mayores beneficios podrán sentirse rápidamente en la reducción de la violencia causada por el tráfico actual pero sobre todo en la reducción de los altísimos costos que representa esta actividad actualmente para los aparatos policíacos, judiciales y de presidios de aquel país. Ya no habrá que gastar una enorme cantidad de dinero en capturar y procesar a un muchacho por llevar o vender un par de cigarrillos de la mencionada droga.
Guatemala puede ahora señalar y estudiar el ejemplo uruguayo para proponer y aprobar un proyecto de ley en este sentido con características corregidas y aumentadas después de analizar a fondo los logros de los sudamericanos. Es imperativo que el presidente Otto Pérez Molina sea consecuente con lo que ha declarado en innumerables ocasiones y no espere la opinión o aprobación de otros países para hacer una propuesta de ley, aunque sea, desregularizando la marihuana en el país. Falta le hace a nuestro sistema judicial y a nuestra sociedad librarse del lastre que representa mantener a un montón de vagos o simples consumidores en las cárceles del país. Buena falta nos hace liberar fiscales que se dedican a perseguir delitos que no debieran ser delitos. No dudo que esto sucederá más temprano que tarde y cuando suceda nuestros legisladores tienen que entender que las cargas impositivas y las condiciones regulatorias que se propongan tienen que ser mesuradas, de lo contrario, el mercado negro volverá a florecer tal y como sucede actualmente y lo único que se habrá creado será un nuevo nido de corrupción al amparo del poder discrecional del funcionario público.
Enhorabuena señores uruguayos, han dado un paso en la dirección correcta.